Rue20 Español/Rabat
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para aprobar con urgencia un paquete de medidas destinado a mitigar los efectos del conflicto en Irán sobre la economía española. Desde Bruselas, a su llegada al Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo subrayó la gravedad del contexto internacional y la necesidad de actuar con rapidez para ofrecer certidumbre a los hogares, las empresas y los trabajadores.
En este sentido, Sánchez anunció que el Gobierno centrará sus esfuerzos inmediatos en la aprobación de un real decreto ley en un Consejo de Ministros extraordinario, aplazando temporalmente la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. “Lo urgente ahora es responder a los efectos de una crisis que es un sumatorio de conflictos en escalada”, señaló, insistiendo en que la prioridad es proteger el tejido económico y social del país.
El plan del Ejecutivo contempla tanto medidas coyunturales dirigidas a los sectores más afectados como reformas estructurales vinculadas a la transición energética. El presidente defendió que España ha sabido anticiparse a este tipo de crisis gracias a su apuesta por las energías renovables, lo que ha permitido mantener precios de la electricidad más bajos en comparación con otras grandes economías europeas.
Asimismo, el dirigente español reafirmó que España se sitúa “en el lado correcto de la historia”, recordando la gestión de anteriores crisis como la pandemia o la guerra en Ucrania. En esta línea, aseguró que el Estado movilizará todos los recursos necesarios para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas del actual escenario internacional.
Por otro lado, Sánchez criticó a algunos gobiernos europeos por cuestionar las políticas climáticas en un momento de incertidumbre energética, defendiendo que la Unión Europea debe reforzar su apuesta por las energías limpias. “La verdadera energía autóctona de Europa es el sol y el viento”, afirmó, subrayando que la transición hacia un modelo sostenible no solo responde al desafío climático, sino que también protege el poder adquisitivo de los ciudadanos.
