Rue20 Español/Rabat
Safia ABAHAJ*
Hacia la resolución de un contencioso poscolonial en el siglo XXI
En la arquitectura contemporánea de las relaciones internacionales, algunos conflictos territoriales se convierten en verdaderos laboratorios donde se observa la evolución del derecho internacional y la capacidad de la diplomacia para transformar disputas heredadas del pasado en soluciones políticas sostenibles. El dossier del Sáhara marroquí pertenece indiscutiblemente a esta categoría.
Durante casi cinco décadas, la cuestión del Sáhara ha sido analizada a través de múltiples prismas, histórico, jurídico, geopolítico y humanitario, sin que se haya alcanzado una solución definitiva. Sin embargo, los desarrollos diplomáticos de los últimos años sugieren que el conflicto se encuentra hoy en una fase de recomposición estratégica, caracterizada por una convergencia creciente entre el realismo político de los Estados y la evolución doctrinal del derecho internacional contemporáneo.
Este proceso refleja una transformación más profunda del sistema internacional: la transición desde paradigmas rígidos heredados de la descolonización hacia soluciones políticas pragmáticas capaces de garantizar estabilidad, gobernanza y desarrollo regional.
El origen jurídico de una controversia poscolonial
El contencioso del Sáhara tiene sus raíces en la compleja herencia de la descolonización española del territorio en 1975. Ese mismo año, el dictamen consultivo emitido por la Corte Internacional de Justicia reconoció la existencia de vínculos jurídicos de lealtad entre las tribus saharauis y la monarquía marroquí, si bien señaló que dichos vínculos no constituían una soberanía territorial plena en términos modernos.
Este pronunciamiento, frecuentemente interpretado de manera selectiva por las distintas partes, introdujo una ambigüedad jurídica que marcaría profundamente la evolución del conflicto. No obstante, el Tribunal dejó claro un elemento fundamental: el territorio no podía ser considerado terra nullius en el momento de la colonización española.
Ese mismo contexto histórico estuvo marcado por la emblemática Marcha Verde, una movilización pacífica que simbolizó la reivindicación marroquí de recuperación del territorio tras el final de la administración colonial. La posterior firma de los Acuerdos de Madrid de 1975 formalizó la transferencia administrativa del territorio, abriendo una etapa de confrontación política y militar con el Frente Polisario.
El alto el fuego de 1991, supervisado por la Organización de las Naciones Unidas mediante la creación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara, representó un intento ambicioso de resolver el conflicto mediante un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, las divergencias estructurales en torno al censo electoral y la definición del cuerpo votante hicieron que ese mecanismo resultara progresivamente inviable.
Con el paso del tiempo, el proceso inicial impulsado por Naciones Unidas entró en un bloqueo diplomático estructural, obligando a la comunidad internacional a explorar alternativas políticas más realistas.
La iniciativa de autonomía como arquitectura institucional
Fue en este contexto cuando Marruecos presentó en 2007 su iniciativa de autonomía para las provincias del sur, una propuesta que introdujo un nuevo marco conceptual en el debate internacional sobre el conflicto.
Desde una perspectiva jurídica comparada, el modelo propuesto se inscribe en una tradición institucional ampliamente utilizada en la resolución de conflictos territoriales complejos: el establecimiento de regímenes de autonomía territorial dentro de la soberanía de un Estado reconocido.
La propuesta marroquí contempla la creación de instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales propias en el territorio, elegidas democráticamente por la población local, mientras que el Estado central conservaría competencias soberanas como defensa, política exterior, moneda e integridad territorial.
Este diseño institucional responde a una evolución doctrinal del derecho internacional contemporáneo que interpreta el principio de autodeterminación de manera más flexible y funcional. En lugar de limitarse a la independencia estatal, la autodeterminación puede materializarse mediante fórmulas de autogobierno interno capaces de garantizar representación política y desarrollo institucional.
En términos conceptuales, esta aproximación refleja una transición desde el paradigma clásico de descolonización hacia un enfoque de gobernanza territorial avanzada.
La Resolución 2797: un punto de inflexión jurídico y diplomático
El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2797, renovando el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara (MINURSO) y reafirmando la necesidad de avanzar hacia una solución política al contencioso. La resolución fue aprobada con 11 votos a favor y tres abstenciones, sin votos en contra, un dato que, en la práctica diplomática del Consejo, refleja un consenso significativo entre las principales potencias internacionales.
Más allá de la renovación técnica del mandato de la misión, el texto posee una relevancia política y jurídica considerable. Por primera vez de forma tan explícita en el contexto actual, el Consejo sitúa la iniciativa marroquí de autonomía como uno de los marcos centrales del proceso político, consolidando una evolución que se había venido perfilando gradualmente en resoluciones anteriores.
Durante años, las resoluciones del Consejo de Seguridad calificaron la propuesta marroquí presentada en 2007 como “seria y creíble”. Aunque esta formulación ya representaba un reconocimiento diplomático relevante, la Resolución 2797 va más allá al integrarla de facto dentro de las opciones consideradas más viables para alcanzar una solución política duradera y mutuamente aceptable.
En el lenguaje diplomático de Naciones Unidas, estas matizaciones semánticas tienen un peso considerable. Las resoluciones del Consejo de Seguridad no solo establecen marcos jurídicos; también reflejan la evolución del consenso político internacional. En este sentido, la Resolución 2797 puede interpretarse como un punto de inflexión en la forma en que la comunidad internacional conceptualiza el proceso de resolución del conflicto.
El texto reafirma asimismo el objetivo de alcanzar una solución “justa, duradera y mutuamente aceptable”, basada en negociaciones entre las partes bajo los auspicios del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, la reiteración de esta fórmula en el contexto actual adquiere un significado particular: el proceso político ya no se concibe únicamente en términos de un referéndum clásico de autodeterminación, sino dentro de un marco más amplio de negociación institucional.
Desde la perspectiva del derecho internacional, este cambio refleja una evolución doctrinal significativa. El tratamiento del dossier del Sáhara se desplaza progresivamente del paradigma clásico de descolonización, dominante durante las décadas de 1970 y 1980, hacia la lógica contemporánea de soluciones políticas negociadas compatibles con la estabilidad regional y la gobernanza territorial.
Una dinámica diplomática cada vez más favorable
Paralelamente al proceso en Naciones Unidas, los últimos meses han estado marcados por una intensificación de las dinámicas diplomáticas favorables a la iniciativa marroquí.
En marzo de 2026, cuarenta Estados reafirmaron su apoyo a la soberanía marroquí sobre las provincias del sur durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, subrayando explícitamente la credibilidad del plan de autonomía como solución política realista. Este tipo de posicionamientos colectivos constituye un indicador relevante de las tendencias diplomáticas emergentes dentro del sistema multilateral.
En el ámbito europeo, la evolución es igualmente significativa. La Unión Europea ha reiterado en varias ocasiones que el proceso político relativo al Sáhara debe desarrollarse sobre la base del marco establecido por las resoluciones del Consejo de Seguridad, lo que implica, en la práctica, el reconocimiento de la centralidad de la iniciativa de autonomía presentada por Marruecos.
Además, diversos Estados europeos han expresado públicamente su respaldo a este enfoque. Países como Suecia han manifestado en 2026 su apoyo al plan de autonomía como base creíble para las negociaciones, reflejando una evolución gradual del consenso internacional en torno a esta propuesta.
Estas posiciones se suman al respaldo previamente manifestado por actores clave como Estados Unidos, Francia y España, cuyas posiciones tienen un peso significativo tanto en el sistema internacional como en las dinámicas regionales del Mediterráneo y del Atlántico.
En conjunto, estas evoluciones diplomáticas sugieren la consolidación de un nuevo equilibrio internacional en torno al dossier del Sáhara, donde el plan de autonomía marroquí emerge cada vez más como el principal marco de referencia para la resolución del conflicto.
El principio de autonomía territorial como solución jurídica
Desde una perspectiva comparada, el modelo de autonomía territorial propuesto por Marruecos se inscribe en una práctica ampliamente reconocida tanto en el derecho constitucional como en el derecho internacional contemporáneo.
Este modelo responde a una lógica jurídica consolidada en la práctica internacional: conciliar el principio de autodeterminación de los pueblos con el principio de integridad territorial de los Estados, ambos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
La experiencia comparada demuestra que numerosos conflictos territoriales han encontrado soluciones estables mediante fórmulas de autonomía territorial o autogobierno interno. En estos casos, la autodeterminación no se materializa necesariamente en la creación de un nuevo Estado independiente, sino en la garantía de una participación política efectiva y de instituciones propias dentro de un marco estatal existente.
Esta evolución refleja una tendencia más amplia en la práctica internacional contemporánea: la comunidad internacional ha mostrado una creciente reticencia hacia las soluciones basadas en la fragmentación estatal, privilegiando en cambio modelos de gobernanza territorial que preserven la estabilidad política y la continuidad institucional de los Estados.
Geopolítica del Magreb y responsabilidad regional
El contencioso del Sáhara no puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva jurídica. También constituye uno de los factores estructurales que han limitado históricamente la integración regional en el Magreb.
La persistencia del conflicto ha contribuido al estancamiento de proyectos de cooperación regional dentro de la Unión del Magreb Árabe, una organización cuyo potencial económico y estratégico permanece en gran medida infrautilizado.
Diversos analistas subrayan que una resolución política del conflicto permitiría desbloquear importantes oportunidades de cooperación económica, energética y comercial entre el norte de África, Europa y África occidental.
En este contexto, el plan de autonomía no representa únicamente una propuesta territorial. Constituye también una arquitectura institucional destinada a garantizar estabilidad política, desarrollo económico y gobernanza regional en una zona estratégica del continente africano.
La dimensión geopolítica del Sáhara adquiere además una relevancia creciente en el marco de las nuevas dinámicas atlánticas que conectan Europa, África y América. Las provincias del sur se están consolidando progresivamente como un espacio clave para proyectos de infraestructura, energías renovables y logística marítima.
Hacia el cierre de un contencioso histórico
Más de cincuenta años después de la Marcha Verde, el dossier del Sáhara parece entrar en una nueva etapa caracterizada por lo que numerosos analistas denominan realismo diplomático.
Este concepto refleja una transformación profunda del sistema internacional. El derecho internacional contemporáneo ya no puede limitarse a reproducir esquemas jurídicos heredados de la Guerra Fría o de los procesos clásicos de descolonización. Su vocación fundamental es servir a la paz, promover soluciones viables y preservar la estabilidad de las regiones afectadas.
En este contexto, la iniciativa de autonomía bajo soberanía marroquí emerge progresivamente como un punto de convergencia entre legalidad internacional, pragmatismo político y responsabilidad regional.
Si esta tendencia diplomática continúa consolidándose, el Sáhara podría dejar de ser uno de los conflictos congelados del sistema internacional para convertirse en un ejemplo paradigmático de resolución política basada en el derecho, la negociación y la adaptación del orden internacional a las realidades del siglo XXI.
«Si se consolida esta senda de diálogo y legalidad, el Sáhara podrá dejar de ser un conflicto congelado y convertirse en un faro de cómo la historia, la ley y la diplomacia pueden converger para construir paz duradera».
*Activista saharaui y presidenta de la Asociación GERMUN.
