Rue20 Español/Madrid
Abdelhamid Beyuki*
La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado una reacción compleja y desigual dentro de la Unión Europea. Aunque la mayoría de los gobiernos europeos han expresado críticas hacia la operación militar por haberse realizado sin el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas —y por tanto en una zona jurídicamente gris respecto al derecho internacional—, las posiciones han sido generalmente prudentes y matizadas. En ese contexto, el gobierno español ha destacado por adoptar una postura más clara y explícita de oposición, incluyendo la decisión de no autorizar el uso de las bases militares estadounidenses situadas en territorio español para operaciones relacionadas con el conflicto.
Esta decisión ha provocado una fuerte reacción política en Washington, especialmente por parte del presidente Donald Trump, quien ha insinuado posibles medidas de represalia contra España. Sus declaraciones han alimentado un intenso debate en el país, donde algunos analistas y sectores políticos han barajado escenarios de presión estratégica estadounidense, desde un hipotético traslado de bases militares a Marruecos hasta un posible respaldo de Washington a las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla.
Sin embargo, un análisis geopolítico más frío sugiere que muchos de estos temores tienen una base limitada.
En primer lugar, trasladar las bases estadounidenses de Rota y Morón —infraestructuras profundamente integradas en la arquitectura militar de la OTAN y en la logística del Mediterráneo— sería una operación extremadamente compleja, costosa y estratégicamente discutible. España ofrece ventajas únicas, estabilidad política, infraestructuras militares avanzadas, integración plena en el sistema de defensa de la OTAN y acceso privilegiado al Mediterráneo occidental y al Atlántico. Replicar estas condiciones en otro país requeriría años de inversión y negociación.
Marruecos, aunque es un aliado cada vez más relevante para Washington en el norte de África, no constituye un sustituto inmediato para ese tipo de instalaciones. El reino de Marruecos mantiene una cooperación militar creciente con Estados Unidos —evidente en ejercicios conjuntos como «León Africano», en compras de armamento avanzado y en el estatus de «Aliado principal extra-OTAN»—, pero su papel estratégico se orienta más hacia la proyección regional en el Sahel, el control del flanco sur del Mediterráneo y la estabilidad en África occidental.
Además, tampoco parece probable que Marruecos tenga interés inmediato en instrumentalizar esta coyuntura para reabrir de forma agresiva la cuestión de Ceuta y Melilla. Aunque Rabat mantiene su reivindicación histórica sobre ambas ciudades, la estrategia marroquí en los últimos años ha mostrado un notable pragmatismo. Marruecos ha obtenido importantes logros diplomáticos recientes —como el reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre el Sáhara o el cambio de posición del gobierno español respecto al plan de autonomía— y su prioridad parece centrarse en consolidar esos avances antes que abrir nuevos frentes de tensión con Europa.
En realidad, donde sí puede haber un beneficio estratégico para Marruecos es en el plano de su posicionamiento internacional. La creciente polarización global y la volatilidad en Oriente Medio refuerzan el valor de actores regionales considerados “estables” por Washington. En ese contexto, Rabat puede consolidarse aún más como socio prioritario de Estados Unidos en África y el Mediterráneo occidental, ampliando cooperación en seguridad, inteligencia, control migratorio y lucha contra el terrorismo.
Para España, la dimensión más inmediata de esta crisis probablemente no sea estratégica sino política interna. La postura adoptada por el presidente Pedro Sánchez implica riesgos en términos de política exterior —especialmente en la relación con Washington— pero también puede ofrecerle ventajas en el terreno doméstico. La oposición a una guerra percibida como unilateral conecta con una sensibilidad ampliamente arraigada en la opinión pública española desde la guerra de Irak de 2003.
No es casual que muchos analistas recuerden aquel precedente. La participación del gobierno de José María Aznar en la invasión de Irak generó una profunda división social en España y, tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el clima político cambió radicalmente, contribuyendo a la derrota electoral del Partido Popular y a la llegada al poder del Partido Socialista.
Aunque las circunstancias actuales son muy diferentes, el recuerdo de ese episodio sigue influyendo en el imaginario político español. Adoptar una posición firme contra una guerra controvertida puede proporcionar a Sánchez un importante “oxígeno electoral”, especialmente si logra presentarse como defensor del derecho internacional y de una política exterior autónoma dentro del marco europeo.
En este sentido, su postura es más arriesgada que la de otros gobiernos de la Unión Europea, que han optado por una ambigüedad estratégica – criticar la ausencia de cobertura de Naciones Unidas sin confrontar directamente con Washington -. España, en cambio, ha elevado el tono político de su posición.
No obstante, también existe un cálculo a medio plazo. La política exterior española ha mostrado históricamente fuertes oscilaciones entre gobiernos de distinto signo. Un eventual cambio político en Madrid podría modificar de nuevo el enfoque hacia Estados Unidos y la cooperación militar bilateral, lo que reduce la probabilidad de que Washington adopte decisiones estratégicas irreversibles en respuesta a la actual coyuntura.
En definitiva, el debate generado en España refleja cómo los conflictos internacionales pueden amplificar tensiones políticas internas y producir percepciones de amenaza que no siempre se corresponden con las dinámicas estratégicas reales. Los escenarios de traslado de bases militares o de cambios radicales en el estatus de Ceuta y Melilla parecen, al menos por ahora, poco plausibles.
Sin embargo, la crisis sí está produciendo efectos más sutiles pero significativos, la reafirmación del papel de Marruecos como socio clave de Estados Unidos en la región, el reposicionamiento de España dentro del debate europeo sobre la legalidad de la guerra y el uso del conflicto como elemento de disputa política interna.
Como ocurre con frecuencia en geopolítica, las consecuencias más importantes no suelen ser las más visibles en el corto plazo, sino aquellas que lentamente reconfiguran equilibrios regionales y percepciones estratégicas.
*Experto en las relaciones hispano-marroquíes.
