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La ONG «Promoción del Desarrollo Económico y Social» (PDES) llamó, este lunes en Ginebra, a medidas concretas para reforzar la protección de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf, destacando la necesidad de un acceso sin trabas de los mecanismos de la ONU, un censo transparente de la población y garantías efectivas de las libertades fundamentales. En una declaración pronunciada por Aicha Duihi durante la 61.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la ONG subrayó que «la prevención temprana de las violaciones sigue siendo la piedra angular de la dignidad humana, especialmente en contextos de conflictos prolongados».
En su intervención en relación con el punto 2 del debate general, dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos, Duihi recordó que varios informes de las Naciones Unidas han insistido en la importancia de garantizar un registro y un censo transparentes de la población de los campamentos, y señaló que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados considera que este enfoque es un requisito previo indispensable para la protección efectiva de los derechos y la distribución equitativa de la asistencia. La ONG PDES también destacó las observaciones de los órganos creados en virtud de tratados, en particular el Comité de Derechos Humanos, subrayando la necesidad de garantizar la libertad de circulación y el derecho a un recurso efectivo en cualquier territorio bajo la jurisdicción del Estado anfitrión.
Tras señalar que la falta de acceso regular a mecanismos independientes de seguimiento y la debilidad de las vías de recurso acentúan la vulnerabilidad de la población, en particular de las mujeres, los niños y los jóvenes, la ONG pidió que se garantizara al Alto Comisionado para los Derechos Humanos un acceso regular y sin trabas a los campamentos de Tinduf. Duihi también llamó a reforzar la cooperación técnica con el Estado anfitrión para garantizar mecanismos independientes de recepción de denuncias, apoyar programas de consolidación de la paz basados en el Estado de derecho y contemplar el envío de una misión técnica para evaluar las necesidades en materia de derechos humanos sobre el terreno.
Por último, la ONG afirmó que la protección de los derechos fundamentales en los campamentos constituye una obligación jurídica y moral en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y los instrumentos internacionales pertinentes, y subrayó que la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto del Estado de derecho siguen siendo esenciales para evitar que se agrave la vulnerabilidad en un contexto regional delicado.
