Rue20 Español/Madrid
El grupo municipal socialista de Lorca, en la región de Murcia, rechazó de manera enérgica durante el último pleno del ayuntamiento las acusaciones del Partido Popular (PP) y de Vox sobre supuestos financiamientos del gobierno español para transferencias hidráulicas hacia Marruecos.
El viceportavoz socialista, José Ángel Ponce, representante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), calificó las afirmaciones como «mentiras conscientemente con fines políticos» y aseguró que carecen de respaldo en proyectos o partidas presupuestarias concretas.
«No existe ningún proyecto identificado, ni obra precisa, ni el más mínimo euro destinado a transferencias hidráulicas a Marruecos», enfatizó.
Según Ponce, los acuerdos citados por la oposición se limitan a instrumentos financieros como créditos y garantías públicas, cuyo objetivo es respaldar la expansión internacional de empresas españolas.
«No se trata en absoluto de dinero pagado a gobiernos extranjeros, sino de financiaciones recuperables que permiten a las empresas llevar a cabo proyectos fuera del territorio nacional», aclaró, en referencia a la política de apoyo a la exportación.
El viceportavoz también destacó que más de 380 hectómetros cúbicos fueron autorizados en 2025 en el marco de la transferencia Tajo-Segura, infraestructura clave que une la cuenca del Tajo con la del Segura. «La transferencia continúa funcionando y sigue siendo el apoyo vital de la agricultura de Lorca», subrayó, en respuesta a los cuestionamientos sobre su efectividad.
Ponce atribuyó la debilidad histórica del dispositivo a decisiones del PP, recordando el memorándum de 2013 que endureció las normas de explotación y provocó once meses consecutivos sin transferencias hacia Murcia en 2017.
Además, recordó que los acuerdos económicos entre España y Marruecos se aplican desde los gobiernos de José María Aznar, una realidad que, según él, se ha ignorado en el debate local.
Finalmente, el viceportavoz reprochó al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, priorizar la confrontación política frente a Vox por encima de la gestión municipal, acusando al ejecutivo de fomentar discursos alarmistas en lugar de ofrecer respuestas basadas en datos sobre una infraestructura esencial para el sureste español.
