Rue20 Español/Tetuán
Mohamed Benabdelkader*
Además de los eventos históricos, los tratados diplomáticos y las coberturas mediáticas, las declaraciones oficiales emanadas de jefes de Estado, responsables gubernamentales u organizaciones internacionales constituyen una fuente valiosa para la investigación en relaciones internacionales, como disciplina de las ciencias sociales. En la medida en que estas declaraciones —discursos, comunicados, resoluciones— revelan las posiciones políticas, las prioridades estratégicas y las tácticas retóricas de los actores estatales, permiten un análisis discursivo fino que capta percepciones, no dichos, ambigüedades y deslizamientos semánticos que traicionan las intenciones subyacentes. No obstante, a pesar de su riqueza en informaciones empíricas concretas, las declaraciones oficiales públicas solo capturan una fracción visible de las dinámicas geopolíticas, relegadas a un segundo plano por equilibrios tácitos y no dichos entre actores, lo que exige una articulación sistemática con otros datos observables en el terreno para captar su pleno alcance analítico. Es exactamente el caso de una reciente declaración que ha pasado casi inadvertida en el corazón de la efervescencia de una actualidad internacional candente.
Se trata del primer evento internacional mayor de este nuevo año 2026, a saber, el golpe de fuerza espectacular del presidente Donald Trump en Venezuela, que suscita una atención particular al interrogar tanto las dinámicas de poder mundiales como los retos de las estrategias de comunicación diplomática. De hecho, hacía varios años que una acción de Estados Unidos no había provocado tal convergencia de críticas, incluyendo por parte de países tradicionalmente prudentes en sus posiciones hacia Washington, e incluso de algunos socios occidentales.
Entre atlantistas prudentes y defensores del multilateralismo
El vocabulario utilizado en la mayoría de las declaraciones oficiales relativas a la operación militar «Absolute Resolve» lanzada en la noche del 2 al 3 de enero es particularmente revelador: no se trataba de simples desacuerdos políticos, sino de acusaciones explícitas de crimen de agresión y violación del derecho internacional, términos cargados de un peso jurídico e histórico considerable. La lista de países que han denunciado la acción estadounidense parece reveladora de un vuelco mayor: potencias emergentes como Brasil y Sudáfrica, actores regionales clave como México y Colombia, adversarios declarados como Cuba y Corea del Norte, miembros influyentes en el Consejo de Seguridad como Rusia y China, o en la UE como España, todos han condenado la intervención estadounidense, denunciando el recurso unilateral a la fuerza contra un Estado soberano.
Sin embargo, las reacciones diplomáticas a esta operación militar merecen ser matizadas, pues revelan un paisaje internacional fragmentado, donde las condenas firmes coexisten con posiciones prudentes y ambiguas, particularmente en la Unión Europea, que lucha por adoptar una posición unificada y coherente frente a su aliado transatlántico. Mientras la Alta Representante de la UE simplemente llama a la «contención» y al «respeto del derecho internacional», Francia, por la voz de Emmanuel Macron, se desolidariza del «método utilizado», juzgando la intervención como ilegal, al tiempo que el jefe del gobierno español Pedro Sánchez endurece el tono condenando enérgicamente una violación del derecho internacional. El Reino Unido y Suecia no derraman lágrimas por la pérdida de poder de Maduro, pero insisten en el respeto del derecho internacional y una solución venezolana. China, por su parte, parece profundamente conmocionada por este acto «hegemónico», exigiendo la liberación inmediata de Nicolás Maduro y expresando inquietudes sobre la estabilidad mundial. Rusia, de su lado, califica la operación de agresión armada ilegal, reclamando también la liberación del presidente capturado y denunciando una afrenta a la Carta de la ONU que podría alentar a otras potencias a acciones similares. En América Latina, los vecinos de Venezuela están ellos mismos divididos entre gobiernos de izquierda (Brasil, Colombia, México…) que rechazan firmemente la operación como una agresión a la soberanía y un precedente peligroso, y aquellos de derecha (Argentina, Ecuador, El Salvador…) que han apoyado claramente la acción estadounidense, viendo en la caída de Maduro una oportunidad para la democracia regional.
Esta cacofonía diplomática entre atlantistas prudentes y defensores del multilateralismo ilustra perfectamente la fractura internacional en torno a este evento espectacular. Desde la acogida favorable al derrocamiento de un dictador, hasta la simple contestación del método empleado, pasando por la más firme condena por violación del derecho internacional, las grandes potencias luchan por acordar una lectura común, reflejando intereses geopolíticos divergentes, alianzas históricas y visiones contrastadas del multilateralismo. Esta falta de consenso no solo debilita las instituciones internacionales como la ONU, sino que, como han subrayado varios observadores, también corre el riesgo de alentar otras acciones unilaterales, transformando el mundo en un teatro donde la fuerza prima sobre el diálogo.
España+5 una comunicación diplomática sofisticada
En el corazón de este carnaval de declaraciones heteróclitas en reacción a la operación militar estadounidense en Venezuela, se distingue el comunicado conjunto firmado el 4 de enero por España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Lejos de reducirse a una declaración diplomática de circunstancias o a una simple toma de posición coyuntural inscrita en la actualidad internacional para decir su palabra, este comunicado de prensa parece desplegar una estrategia de comunicación diplomática sofisticada. Lo que atrae en primer lugar la atención sobre el comunicado conjunto España+5 son sus propios firmantes, no solo por el acercamiento ideológico entre estos gobiernos de izquierda, sino porque España, miembro de la UE, se distingue particularmente en esta iniciativa de comunicación: insatisfecha con el tono demasiado prudente de la reacción europea, elige posicionarse al otro lado del Atlántico, junto a sus socios latinoamericanos.
España y los cinco países latinoamericanos, todos de orientación progresista o de izquierda, adoptan en esta declaración conjunta una posición unificada frente a la intervención estadounidense durante el cual el presidente Nicolás Maduro fue capturado. Dicha declaración rechaza las acciones militares unilaterales en Venezuela, calificándolas de violaciones del derecho internacional. Los dirigentes Pedro Sánchez (España), Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Claudia Sheinbaum (México) y Yamandú Orsi (Uruguay) reafirman que América Latina y el Caribe constituyen una «zona de paz» fundada en la no injerencia, la soberanía y la solución pacífica de las diferencias, llamando a la unidad regional más allá de las divergencias políticas. Se trata de un bloque de gobiernos progresistas opuestos a la acción de Estados Unidos por razones tanto ideológicas como geopolíticas?
La declaración conjunta representa efectivamente una confrontación ideológica clara, al reunir exclusivamente a dirigentes de izquierda contra la intervención de Trump. Se trata de un alineamiento progresista en el que los firmantes forman un bloque ideológico anti-extrema derecha, forjado en cumbres anteriores como la de Santiago (2025), donde coordinaron contra las «internacionales del odio» y a favor de un multilateralismo social. Rechazan el trumpismo como amenaza a la soberanía, alineándose con el Venezuela chavista a pesar de críticas pasadas hacia Maduro (por Boric, Sánchez), pero forman también un frente común contra la derecha regional, lo que contrasta con los apoyos explícitos de gobiernos de derecha como Milei (Argentina) o Bukele (El Salvador) a la acción de Estados Unidos, delimitando un eje izquierdo vs. trumpismo en América Latina. Pero por qué España se integra en este frente latinoamericano de izquierda como «aliada natural», priorizando la afinidad ideológica sobre la pertenencia a la UE/OTAN? Por qué eligió esta forma particular de comunicar y qué efectos diplomáticos esperaba?
Conviene subrayar que el comunicado «España+5» se inscribe efectivamente en una estrategia recurrente del presidente Pedro Sánchez (líder de los socialistas españoles y presidente de la Internacional Socialista) para posicionarse como voz fuerte anti-Trump en el seno de la UE, mediante confrontaciones calculadas en varios frentes geopolíticos. Lejos de ser impulsivo, este posicionamiento mezcla realpolitik socialista y ambición de un liderazgo europeo. Sánchez multiplica las críticas virulentas contra la política pro-Israel de Trump, culminando con el reconocimiento español del Estado Palestino en mayo de 2024 y medidas de embargo de armas contra Israel en septiembre de 2025, viaja a Pekín en abril de 2025 en plena guerra arancelaria sino-estadounidense, para firmar 15 acuerdos comerciales (Renfe-Hawái, puertos), rechaza comprometerse con el objetivo del 5% exigido por Trump para los gastos de defensa de la OTAN, argumentando «pacifismo constitucional» y prioridades sociales. Así es como el jefe del gobierno español parece explotar el antitrumpismo consensuado en Europa para consolidar su liderazgo político y reforzar su imagen soberanista sin por ello cruzar la línea roja de una ruptura transatlántica o de una confrontación directa arriesgada.
Pedro Sánchez busca imponerse como una voz fuerte contra la política de Donald Trump no solo en el seno de la Unión Europea (UE), donde se ha confrontado en varias ocasiones con el inquilino de la Casa Blanca sobre el conflicto israelí-palestino, el aumento de los gastos militares en la OTAN o el partenariado reforzado con el gigante asiático, sino también en América Latina, donde se ha comprometido en una resistencia coordinada a la hegemonía estadounidense renovada, en nombre del derecho internacional.
La agenda latinoamericana de Sánchez
Recordemos que el gobierno de Sánchez mantiene una agenda latinoamericana estratégica con evidentes retos geopolíticos, ilustrada por su rol central en la reunión de alto nivel «Democracia siempre» celebrada en julio de 2025 en Chile. Sánchez se reunió con sus homólogos Boric, Lula, Petro y Orsi (México ausente) en el Palacio de La Moneda en Santiago para aprobar una declaración sobre la defensa de la democracia y el multilateralismo, la reforma del sistema de gobernanza internacional y la lucha contra los extremismos.
Buscando posicionar a España como líder iberoamericano progresista, puente entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), frente a las amenazas trumpistas, Sánchez persigue objetivos concretos y estratégicos en América Latina, especialmente apoyar a la izquierda frente a la polarización ideológica (Milei vs. Lula), proteger las inversiones españolas (energías renovables, sector bancario) y garantizar el acceso a los recursos petrolíferos en el contexto post-Maduro.
Al firmar esta declaración con cinco países de América Latina contra la ofensiva estadounidense en Venezuela, España, en tanto que miembro de la UE, marca una ruptura con la ambigüedad estratégica europea y reafirma su rol de puente geopolítico iberoamericano. Esta declaración, que rechaza firmemente las acciones militares unilaterales en violación de la soberanía venezolana y de la Carta de la ONU, al tiempo que advierte contra cualquier «apropiación de recursos naturales», aparece a primera vista como un frente moral unificado contra el intervencionismo trumpiano. Sin embargo, esta toma de posición normativa revela, bajo su barniz multilateral políticamente correcto, una estrategia geoeconómica sofisticada donde la retórica antiimperialista y el pragmatismo petrolero se conjugan en un realismo beneficioso para todos, a imagen de los compromisos de la compañía petrolera española Repsol en la cumbre de la Casa Blanca cinco días después.
En efecto, el 9 de enero de 2026, el presidente Trump reunió a dirigentes de empresas estadounidenses (Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips) y europeas, entre ellas la española Repsol, la italiana Eni y la británica Shell, para elaborar un plan de inversión de 100 mil millones de dólares destinado a relanzar las infraestructuras petroleras deterioradas de Venezuela. El PDG de Repsol, Josu Jon Imaz, se comprometió explícitamente a invertir más en Venezuela y a triplicar la producción allí en los próximos dos o tres años. No se trata de altruismo: Repsol tiene miles de millones atados en activos venezolanos, incautados o bloqueados bajo el régimen de Maduro, y estas discusiones representan un intento calculado de recuperarlos y expandirlos bajo garantías de seguridad respaldadas por Estados Unidos.
Para España, esta implicación revela una estrategia de doble vía: la retórica anti intervencionista del comunicado se alinea con las normas de la UE y la política exterior bajo el presidente Pedro Sánchez, favoreciendo la solidaridad regional y diferenciándose de la agresividad de Washington. Sin embargo, al integrar a Repsol en las negociaciones de Trump, Madrid se posiciona tácitamente para aprovechar el caos, velando por que la multinacional española no quede marginada y pueda obtener una respuesta favorable a la solicitud de autorización que ha formulado a Estados Unidos, al igual que otras compañías europeas, para exportar petróleo desde Venezuela.
Denunciar el acto sin mencionar al actor
Así es como el comunicado España + 5 busca proporcionar a la vez una palanca diplomática y una cobertura moral, permitiendo a los firmantes condenar la intervención estadounidense en el terreno de los principios universales, mientras preservan márgenes de maniobra económicos y estratégicos en el caos post-Maduro, al tiempo que juegos económicos en la sombra aseguran beneficios tangibles. Notemos que la declaración conjunta hispanoamericana emplea un tono formal, jurídico y neutro, con términos como rechazo enérgico, violación flagrante y grave amenaza para calificar la agresión, pero sin nombrar directamente a Estados Unidos, una precisión diplomática medida que permite denunciar el acto sin confrontación directa con el actor.
En el marco de un enfoque geopolítico realista, no existe contradicción flagrante entre la posición oficial del Estado español condenando la intervención estadounidense en Venezuela y el oportunismo de Repsol para relanzar masivamente sus inversiones post-Maduro. Esta aparente disonancia refleja en realidad una estrategia de doble nivel clásica: retórica diplomática pública articulada con el pragmatismo económico de las empresas semipúblicas. El Estado español protege así sus intereses estratégicos sin romper los lazos con Washington.
De la misma manera que la retórica del narco-terrorismo desplegada por Donald Trump enmascara intereses energéticos estratégicos en Venezuela —notablemente el control de las vastas reservas petroleras y mineras para contrarrestar la influencia china y rusa—, así como cálculos políticos internos destinados a galvanizar su base electoral, la retórica de denuncia en defensa de la soberanía y del derecho internacional oculta intereses geoeconómicos relativos al acceso preferencial a los recursos y mercados, pero también equilibrios internos concernientes al mantenimiento del poder frente a oposiciones populistas.
*Exministro de Justicia y Doctor en Ciencias de la Información y la Comunicación.
