Rue20 Español/Rabat
La Policía Nacional ha detenido a un empresario melillense del sector de la panadería por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y contra los derechos de los trabajadores.
La detención se produjo en un obrador de la ciudad tras una investigación conjunta con el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La investigación se inició tras la identificación de dos ciudadanos marroquíes que trabajaban en el obrador sin contrato ni alta en la Seguridad Social, y que se encontraban en situación administrativa irregular. Las pesquisas revelaron una situación de explotación prolongada en el tiempo, con uno de los trabajadores siendo víctima durante 16 años y el otro durante 7.
Ambos trabajadores soportaban jornadas laborales de más de once horas diarias, desde las 4:00 hasta pasadas las 15:00 horas, sin descansos ni días libres, incluso en fines de semana y festivos. Percibían un salario mensual que oscilaba entre los 400 y los 500 euros.
Uno de los datos más alarmantes de la investigación es que uno de los empleados residía en el propio obrador, en un habitáculo precario e insalubre, sin baño, cocina, ducha ni condiciones mínimas de habitabilidad. Además, debía soportar las altas temperaturas del horno industrial y la chimenea del local.
Durante todo este tiempo, el empresario no realizó ningún trámite para regularizar la situación de sus empleados ni tomó medidas para garantizar su seguridad laboral. Tampoco contaban con cobertura médica, y debían costearse las lesiones sufridas en el trabajo.
Tras la investigación, los dos trabajadores fueron reconocidos oficialmente como víctimas de trata de seres humanos, activándose el protocolo correspondiente para garantizar su protección, asistencia y tratamiento integral, con la colaboración de una ONG local.
El empresario fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia, quien decretó como medidas cautelares la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte. Además, se remitió copia del atestado a la Fiscalía Delegada de Trata de Personas y Extranjería, que asumirá las diligencias correspondientes.
Este caso se suma a otras actuaciones contra el empleo ilegal y la explotación laboral en Melilla. Las autoridades policiales han reiterado la gravedad de estos delitos y la importancia de la colaboración ciudadana para denunciar cualquier indicio de abuso.
