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El expediente de la inmigración entre Francia y Argelia ha vuelto a la palestra del debate político y diplomático, con el anuncio del ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, del inicio de nuevas consultas entre París y Argelia sobre una serie de cuestiones conflictivas, entre ellas la ejecución de las órdenes de expulsión del territorio francés, al mismo tiempo que las autoridades francesas inician la revisión del acuerdo de 1968 que regula la inmigración argelina a Francia.
En declaraciones al periódico Le Journal du Dimanche, Laurent Nuñez explicó que los contactos bilaterales han entrado en una fase de discusiones técnicas y de procedimiento, con el objetivo de reactivar las operaciones de deportación de forma regular y permanente, destacando que el enfoque adoptado no se basa en el tratamiento de casos aislados, sino que pretende volver a una situación normal y enmarcada por la cooperación entre los dos países.
El ministro del Interior francés reveló, en este contexto, que una delegación de su ministerio visitó Argelia la semana pasada en el marco de la preparación del diálogo en curso entre las dos partes, y la posibilidad de que realice una visita oficial en el futuro próximo, aunque reconoció, por otro lado, que las autoridades argelinas aún no han reanudado, hasta el momento, la recepción de sus nacionales sobre los que pesan órdenes de expulsión de Francia.
Paralelamente a estas consultas, Laurent Nuñez anunció que los servicios de su ministerio han iniciado efectivamente un taller de revisión del acuerdo de 1968, en un esfuerzo por llegar a un terreno común sobre las diversas cuestiones relacionadas con la inmigración y la movilidad, en el contexto de un debate político interno continuo sobre el futuro de este acuerdo que, durante décadas, ha enmarcado las relaciones migratorias entre los dos países.
Este desarrollo se produce tras la votación de la Asamblea Nacional francesa, a finales de octubre pasado, a favor de una recomendación que pide la derogación del acuerdo, antes de que el Primer Ministro francés aclarara que la opción del gobierno no es la derogación, sino la revisión de sus cláusulas para que se ajusten a los cambios actuales y a las exigencias de la política migratoria francesa.
El acuerdo franco-argelino de 1968 es uno de los hitos jurídicos más importantes en la regulación de la inmigración entre los dos países, ya que se firmó seis años después de la independencia de Argelia, y su objetivo inicial era permitir la entrada de 35.000 trabajadores argelinos al año en Francia durante tres años, y concedió a los inmigrantes argelinos privilegios especiales que incluían la preferencia en el trabajo y la residencia y la reagrupación familiar, ventajas que no estaban disponibles para los inmigrantes de otras nacionalidades.
Este acuerdo está orgánicamente relacionado con el contexto de los Acuerdos de Evian de 1962 que pusieron fin a 132 años de colonización francesa de Argelia, ya que estipulaba que «cualquier argelino que posea un documento de identidad tiene derecho a viajar entre Argelia y Francia, a menos que se dicte una sentencia judicial que lo impida».
Pero la ola de inmigración masiva que siguió a la independencia cambió el equilibrio de la relación, y obligó a París a imponer gradualmente restricciones a la entrada de trabajadores argelinos, hasta la firma del acuerdo de 1968 en su forma final, que consolidó el marco legal actual de la inmigración argelina.
La negociación de ese acuerdo involucró a figuras prominentes, entre ellas el entonces ministro de Asuntos Exteriores argelino, Abdelaziz Bouteflika, que defendió cláusulas que garantizaban a los argelinos una situación jurídica privilegiada en Francia, lo que desde entonces ha constituido un eje sensible en las relaciones bilaterales.
El acuerdo se produjo en un momento en que Francia necesitaba urgentemente mano de obra para compensar la escasez resultante de la Segunda Guerra Mundial, por lo que recurrió a los trabajadores argelinos para satisfacer las necesidades de la economía francesa.
Con el paso del tiempo, el acuerdo se modificó más de una vez, siendo la más importante la enmienda de 2001, que preveía la regularización de la situación de los argelinos casados con franceses y concedía a los miembros de sus familias el derecho a la atención médica, la educación y el trabajo, además de una residencia renovable por un año, así como la facilitación de la obtención de la nacionalidad francesa para los argelinos nacidos en Francia que hayan residido en ella más de ocho años.
El debate actual sobre el acuerdo de 1968 suscita un amplio debate en los círculos políticos y mediáticos franceses sobre la validez de este documento en el contexto actual, ya que cada vez son más las voces que piden su revisión o derogación, frente a las advertencias de que tales medidas podrían conducir a una nueva tensión diplomática con Argelia, especialmente a la luz de los recientes esfuerzos por restablecer la confianza entre los dos países tras años de frialdad.
