Rue20 Español/Rabat
El Departamento de Estado de EE. UU. ha reconocido los significativos progresos de Marruecos en el fortalecimiento de sus capacidades de investigación científica y judicial, según un informe desclasificado recientemente y transmitido al Congreso.
El informe, emitido por la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, destaca una transformación estructural en el sistema marroquí de investigación, impulsada por una colaboración con la Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN).
El informe, fechado el 24 de noviembre de 2025, detalla cómo la asociación entre la INL y la DGSN ha contribuido a la transición de un modelo de justicia basado en confesiones a uno fundamentado en pruebas científicas. La asistencia técnica proporcionada ha facilitado la alineación de las prácticas científicas nacionales con los estándares internacionales, un cambio que el Departamento de Estado considera fundamental para la mejora de la justicia penal en el Reino.
Un hito clave en este proceso fue la acreditación internacional, sin precedentes en el continente africano, obtenida en mayo de 2024 por el laboratorio de criminalística de la DGSN. Esta acreditación, según el informe, representa un paso decisivo en la consolidación de investigaciones basadas en evidencia verificable, asegurando que las condenas se basen en pruebas científicas sólidas. Esto, a su vez, se espera que fortalezca la eficacia de las decisiones judiciales y reduzca los errores de condena.
El informe de la INL subraya que esta cooperación busca estructurar mejor los procedimientos judiciales, promoviendo un sistema más basado en pruebas que en declaraciones. Se espera que esta evolución acelere el procesamiento de casos penales y mejore las garantías legales para los ciudadanos.
Además de los avances en Marruecos, el informe aborda consideraciones más amplias sobre la gestión de la asistencia de seguridad en otros países. El Departamento de Estado explica que las misiones diplomáticas estadounidenses informan regularmente a los gobiernos concernidos sobre la exclusión de unidades o individuos de la asistencia debido a graves violaciones de los derechos humanos. Este proceso incluye un llamado a las autoridades nacionales para iniciar investigaciones cuando se documentan tales violaciones.
Estados Unidos publica anualmente una lista de unidades no elegibles para programas de asistencia, buscando incentivar a los Estados a tomar medidas judiciales. El Departamento de Estado se ha comprometido a proporcionar más detalles al Congreso sobre las acciones tomadas para asegurar que estos gobiernos procesen a los implicados.
