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La última memoria anual de la Fiscalía General del Estado de España, presentada este viernes, vuelve a encender las alarmas sobre el “espectáculo lamentable” que suponen las narcolanchas en las costas andaluzas y la expansión de redes criminales que combinan tráfico de drogas y migración. El informe refleja que, lejos de reducirse, el fenómeno se intensifica y que las organizaciones encuentran en Argelia un punto de salida cada vez más rentable ante la pasividad de sus autoridades.
Andalucía continúa siendo la comunidad más golpeada por el narcotráfico, según el Ministerio Público del vecino norteño. El uso ostentoso de embarcaciones de alta velocidad —prohibidas en España— se ha convertido en un desafío abierto al Estado, con episodios de violencia como el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. La Fiscalía describe un “avance alarmante” de estas operaciones: las narcolanchas ya no se limitan al Estrecho y extienden sus rutas por el Guadalquivir y provincias vecinas.
El informe también subraya el crecimiento de los procedimientos judiciales por narcotráfico, con Málaga registrando un 28,6 % más de causas que el año anterior, situándose detrás solo de Barcelona y Madrid.
Uno de los puntos más inquietantes es el papel de Argelia. La Fiscalía señala que muchas redes han trasladado su logística; parten de España, recogen migrantes en costas argelinas y regresan cargadas de personas y, a menudo, de estupefacientes. Se han detectado “guarderías” —escondites para embarcaciones, patrones y migrantes— que facilitan esta doble actividad ilícita. El informe cuestiona implícitamente la falta de control argelino destacada por la escasez de embarcaciones y motores, que lleva a los delincuentes a adquirirlos en España y otros mercados europeos, lo que revela una supervisión insuficiente en origen.
Además, los traficantes han modernizado sus métodos para introducir migrantes, sustituyendo las tradicionales pateras por barcos de pesca y medios más potentes capaces de trasladar a más personas en un solo viaje. La Fiscalía advierte, asimismo, de la explotación de recién llegados por compatriotas que les cobran precios abusivos por trasladarlos a otras ciudades o países.
En definitiva, el Ministerio Público de España pinta un panorama de criminalidad cada vez más complejo, en el que la inacción o falta de cooperación real de Argelia facilita que sus costas se conviertan en trampolín hacia España. El desafío exige —concluye el informe— una respuesta firme y sostenida si se quiere frenar un negocio ilícito que erosiona la seguridad y multiplica los riesgos para las vidas humanas en el mar.
