Rue20 Español/ Fez
Walid El Moumen
En Argelia, hablar, escribir o simplemente pensar en contra del poder se ha transformado en un acto de riesgo. El país, que enarbola en su Constitución la defensa de las libertades fundamentales y que no duda en criticar a sus vecinos mañana y tarde, autoproclamándose protector de causas internacionales que no le pertenecen, se ha convertido en un espacio donde la crítica se castiga, la prensa se silencia y los ciudadanos viven bajo la sombra del miedo. Así lo denuncia un reciente informe de la ONU publicado en el portal del Departamento de Estado de Estados Unidos, que dibuja el retrato de un Estado cada vez más represivo y hostil hacia los derechos humanos.
El documento expone que, durante 2024, el gobierno argelino intensificó su represión contra periodistas, activistas, sindicalistas y opositores políticos, utilizando leyes ambiguas y un código penal que convierte la disidencia en terrorismo.
Criminalización del periodismo y censura institucional
La represión no se esconde tras formalidades: nuevas enmiendas al código penal permiten encarcelar a quien difunda “noticias falsas” o información considerada “confidencial”, sin definir nunca qué significan esos términos. Las condenas pueden alcanzar los cinco años de cárcel, y en supuestos de “traición” incluso la cadena perpetua.
Ante estas amenazas, los medios independientes se ven obligados a callar o a suavizar sus contenidos, mientras el gobierno controla imprentas y publicidad oficial para ahogar económicamente a quienes se atreven a cuestionarlo.
Rostros de la persecución
El informe recuerda nombres que simbolizan la represión: Mustapha Bendjama, editor del diario Le Provincial, encarcelado y perseguido por las autoridades; Farid Alilat, periodista deportado de Argel sin explicación legal; Boualem Sansal, escritor acusado de terrorismo por unas declaraciones sobre Marruecos; Merzoug Touati, periodista detenido por publicar sobre Gaza y sometido, según la ONU, a tortura.
Sindicatos amordazados y detenciones arbitrarias
El derecho a organizarse en sindicatos existe solo sobre el papel. El gobierno impone obstáculos a cualquier intento de crear organizaciones independientes, reservando el monopolio de la representación laboral a la UGTA, fiel al régimen. Paralelamente, más de 250 personas fueron detenidas arbitrariamente en 2024 por expresar opiniones críticas.
Tortura, desapariciones e impunidad
La tortura, pese a ser ilegal, sigue practicándose en comisarías y centros de detención. Las desapariciones forzadas y los abusos policiales completan un panorama en el que la impunidad reina, con apenas sanciones aisladas a agentes de seguridad.
Un país contra su gente
Lo que debería ser un Estado garante de derechos se ha transformado en un aparato que persigue a su propio pueblo. En lugar de proteger a sus ciudadanos, Argelia los condena al silencio, a la prisión o al exilio. El informe de la ONU es claro; el espacio cívico se reduce cada día más y la libertad de expresión ha dejado de ser un derecho para convertirse en un crimen.
