Rue20 Español/ Murcia
El Gobierno de España exigió al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) que anule la moción que prohíbe a la comunidad musulmana utilizar instalaciones deportivas municipales para rezos, al considerar que vulnera la libertad religiosa y el derecho de uso común de los espacios públicos.
El requerimiento, coordinado por la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, junto con los ministerios de Justicia y Política Territorial, denuncia una “desviación de poder” por parte del Consistorio, al emplear competencias municipales con fines ideológicos, según informan medios ibéricos.
La medida, impulsada por el único concejal de Vox y respaldada por el PP, impide celebrar actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento en espacios deportivos, afectando al rezo colectivo del fin del Ramadán y a la Fiesta del Cordero, que congregaban a unas 1.500 personas.
En un mensaje en X, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido la medida tomada por el Gobierno: “Frente a la deriva extremista de PP y Vox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia”.
La comunidad musulmana en España calificó el veto como “islamofobia institucional” y teme su extensión a otras localidades, lo que, según afirman, exige una intervención rápida para salvaguardar los principios del vecino del norte, que garantiza a sus ciudadanos la libertad de creencias y de ritos religiosos.
La iniciativa también ha sido rechazada por ONG, partidos, colectivos sociales y la Conferencia Episcopal Española, que recuerdan que las manifestaciones religiosas están protegidas por la Constitución. Jumilla, de 27.000 habitantes y sin problemas relevantes de convivencia, vive en un contexto marcado por recientes episodios de tensión racial en la vecina Torre Pacheco.
