Rue20 Español/ Ginebra
En un encuentro celebrado en la sede de la ONU en Ginebra, la Alianza de ONG saharauis y la Fundación Altamirano trasladaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos su profunda preocupación por las graves violaciones cometidas contra saharauis en los campamentos de Tinduf, bajo control del Frente Polisario y en territorio argelino.
Durante el encuentro, Abdelouahab Gain, portavoz de la Alianza, expuso una carta abierta enviada el pasado 12 de abril al Alto Comisionado en la que se documentan 21 casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre 2014 y abril de 2025. “No fueron actos de defensa ante situaciones violentas, sino ataques brutales contra saharauis desarmados”, explicó Gain, quien responsabilizó directamente al ejército argelino y al Polisario.
Según Gain, estas ejecuciones tenían como objetivo «reprimir cualquier intento de rebelión o disidencia dentro de los campamentos», así como restringir la libertad de movimiento, el comercio de subsistencia y la búsqueda de oro, en un contexto de saqueo y contrabando de ayuda humanitaria.
Por su parte, Pedro Ignacio Altamirano, presidente de la Fundación Altamirano, denunció el desplazamiento forzoso de menores saharauis en el marco del programa «Vacaciones por la Paz», impulsado por el Polisario con el apoyo de algunas asociaciones españolas. Según Altamirano, este programa «contribuye al desarraigo cultural, social y religioso de los niños», y en ciertos casos, “a su adoctrinamiento ideológico y militar”.
Ambas organizaciones subrayaron su cooperación con los mecanismos de la ONU, como los procedimientos especiales de derechos humanos, el Examen Periódico Universal y los comités de tratados, contribuyendo con informes paralelos y observaciones temáticas.
El representante del OHCHR agradeció la información facilitada y expresó la voluntad del organismo de seguir cooperando para «recibir información fiable sobre la situación de los derechos humanos en la región», abriendo la puerta a un diálogo continuo con actores comprometidos con la protección de los derechos fundamentales.
