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Uno de los prejuicios más instalados en el debate público español —y también uno de los más falsos— es que la inmigración representa una carga económica. El nuevo informe del Banco Central Europeo (BCE) lo desmiente con datos duros: desde 2019, los trabajadores extranjeros han sido pieza clave del crecimiento económico en toda la eurozona, pero especialmente en España.
Funcas, centro de análisis económico, ya había subrayado que el 84 % del crecimiento demográfico en nuestro país desde 2022 se debe a la inmigración. Más de 1,2 millones de personas —la gran mayoría incorporadas al mercado laboral— han llegado en solo dos años. Y esa llegada no ha lastrado el empleo, ni ha tensionado el gasto público. Ha impulsado la economía, aliviado la escasez de mano de obra y sostenido sectores enteros como la agricultura, la hostelería, la construcción o el cuidado de mayores.
La población extranjera ha pasado del 11,6 % al 13,8 % del total en apenas cinco años. Durante ese mismo periodo, España ha roto récords de afiliación a la Seguridad Social y ha registrado un crecimiento acumulado del 7,5 % del PIB, muy por encima del promedio europeo. Los datos del BCE desmontan el mito: sin inmigración, el crecimiento económico habría sido mucho más débil. Es decir, el relato que presenta a los inmigrantes como un lastre no resiste el más mínimo análisis económico.
Incluso los tópicos sobre desempleo o sobrecualificación han quedado desmentidos. Desde la pandemia, la tasa de paro de los trabajadores extranjeros ha bajado, su nivel educativo ha mejorado y cada vez ocupan más empleos cualificados. El problema, en todo caso, no es la inmigración, sino la rigidez del mercado laboral que impone temporalidad estructural a buena parte de estos trabajadores.
El informe va más allá y desmonta otra falacia: la del inmigrante como dependiente del Estado. En España, dice Fedea, los migrantes no son beneficiarios netos del sistema de bienestar. Son contribuyentes. Sostienen las pensiones, pagan impuestos y, además, lo hacen en condiciones salariales muchas veces precarias. Y todo ello, sin generar el clima de rechazo que vemos en otras sociedades europeas, gracias a una integración silenciosa y constante —en particular de la comunidad marroquí— que, pese a los estigmas, ha demostrado una alta capacidad de adaptación y contribución.
España tiene una oportunidad. Una regularización extraordinaria permitiría reconocer a quienes ya sostienen la economía, reforzar la recaudación fiscal y aliviar la presión sobre el sistema de pensiones.
En un contexto donde formaciones como VOX agitan el miedo al inmigrante para obtener rédito electoral, el BCE aporta lo que más escasea en este debate: datos. La inmigración no perjudica a la economía española: la sostiene.
