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sábado, enero 25, 2025

Marruecos impulsa reforma judicial para fortalecer garantías constitucionales del derecho a la vida

 

Rue20 Español/Roma

Marruecos continúa con una reforma integral de su sistema judicial, afianzando el principio constitucional del derecho a la vida, subrayó, el jueves en Roma, el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi.

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El Reino tomó una decisión histórica y audaz en 2011 al consagrar el derecho a la vida como un principio constitucional, indicó Ouahbi en la apertura del 14º Congreso Internacional de Ministros de Justicia, organizado bajo el lema «Un mundo sin pena de muerte» por la Fundación Sant’Egidio.

En una intervención leída en su nombre por Rima Lablaili, directora de Cooperación Internacional y Comunicación del Ministerio de Justicia, Ouahbi afirmó que este compromiso fundamental refleja la aspiración del Reino a armonizar sus leyes nacionales con los valores universales.

El ministro precisó que Marruecos reconoce que la pena de muerte es una «cuestión profundamente moral y social», y no simplemente jurídica.

En este contexto, el Reino se esfuerza por fomentar una mayoría social que valore el carácter sagrado de la vida humana y apoye un sistema judicial centrado en la rehabilitación, indicó, agregando que el enfoque marroquí respecto a la pena de muerte refleja un equilibrio delicado entre las realidades sociales complejas y la promoción de un sistema judicial moderno basado en los derechos humanos.

Marruecos, mientras mantiene la pena de muerte en su legislación, se abstiene en la práctica de ejecutar a los condenados desde 1993, adoptando una postura que concilia la preservación de la vida y el debate social, recordó el ministro.

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Ouahbi también destacó las reformas progresivas emprendidas por Marruecos, especialmente la reducción del número de delitos punibles con la pena de muerte, de 31 a un número restringido que solo abarca los crímenes más graves, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

Este congreso internacional, que se celebra los días 28 y 29 de noviembre en la capital italiana, reúne los ministros de Justicia y representantes gubernamentales de veinte países, así como delegaciones de la Unión Europea y las Naciones Unidas.

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