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sábado, julio 13, 2024

Condenados y sancionados dos periodistas franceses por chantaje al Rey

 

Rue20 Español/ Rabat

 

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Los periodistas franceses, Eric Laurent y Catherine Graciet, han sido condenados hoy martes a un año de prisión con suspensión de pena y una multa de 10.000 euros en París.

 

Los dos periodistas han sido declarados culpables de chantajear al rey de Marruecos en 2015 exigiendo dinero a cambio de no publicar un «explosivo» libro.

 

Los periodistas, cuyos abogados apelaron de inmediato, siempre han negado haber realizado alguna amenaza, aunque han reconocido que habían cometido un “error ético” al aceptar una propuesta de arreglo económico de Rabat.

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Eric Laurent y Catherine Graciet, de 76 años y 48 años habían firmado un contrato con Le Seuil para un segundo volumen sobre el mismo tema.

 

En el verano de 2015, Laurent, exreportero de Radio France y Le Figaro Magazine y autor de numerosos libros, se puso en contacto con la secretaría privada del rey y se organizó una reunión el 11 de agosto en un palacio parisino con el abogado Hicham Naciri, emisario del Reino, según AFP.

 

Tras esta primera reunión, Marruecos presentó una denuncia en París y se abrió una investigación. Luego se realizaron otros dos encuentros bajo vigilancia policial los días 21 y 27 de agosto.

 

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Catherine Graciet, en particular autora de libros sobre el Magreb y Libia, estuvo presente solo en la tercera reunión, durante la cual los dos periodistas firmaron un acuerdo financiero de 2 millones de euros para no publicar el libro.

 

Al final, fueron detenidos con dos sobres que contenían 40.000 euros en efectivo cada uno.

 

Para el Tribunal Penal de París, los dos periodistas tenían un «enfoque común» y ejercían «presión» sobre el emisario al hablar, entre otras cosas, de un libro que sería «devastador» para el Reino.

 

Según la sentencia, «el precio del silencio, es decir, el correspondiente a la no publicación del libro, no sólo viene de los dos periodistas, sino también de la cantidad fijada», agregó AFP.

 

Las tres reuniones habían sido grabadas en secreto y luego unas copias han sido entregadas a los investigadores.

 

Consideradas ilegales por la defensa, estas grabaciones fueron el centro de una batalla procesal. El Tribunal de Casación finalmente rechazó los recursos de los periodistas en noviembre de 2017.

 

Estas grabaciones y su transcripción fueron objeto de un animado debate durante el juicio del 17 de enero, durante el cual la fiscalía había pedido una pena condicional de un año de prisión y una multa de 15.000 euros.

 

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