El juez Lasala mantendrá viva la investigación judicial por el caso Gali

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Rue20 Español / Mequínez 

 

El juez encargado del Caso Gali, Rafael Lasala, ha decidido mantener viva la investigación judicial durante, al menos, seis meses más, acerca de la entrada clandestina e ilegal a España del presunto líder del Frente Polisario, Brahim Gali. 

 

Lo ha hecho después de que la Audiencia Provincial de Zaragoza, a petición de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, decidiera el sobreseimiento provisional de la imputación penal que pesaba sobre la ex ministra española de Exteriores, Arancha González Laya.

 

El juez Lasala considera que las diligencias de investigación que hay pendientes obligan a mantener las pesquisas, dada su complejidad.

 

Tal y como contempla el ordenamiento jurídico español, eso permitirá ampliar las diligencias por seis meses más, una vez que se haya cumplido el plazo ordinario de un año que rige, con carácter general, para cualquier instrucción.

 

El juez quiere profundizar en el presunto delito de falsedad documental, que también forma parte de sus investigaciones. 

 

Así, el juez Rafael Lasala firmó el pasado 31 de mayo el auto para prorrogar por seis meses más las investigaciones, según ABC.

 

«Del resultado de las diligencias ya acordadas podría derivar una carga incriminatoria contra alguna persona, razón por la que la declaración de complejidad de la causa se convierte en un presupuesto imprescindible», según el auto firmado el pasado 31 de mayo por Rafael Lasala para prorrogar por seis meses más las investigaciones, informó ABC.

 

El magistrado advierte también que, del resultado que arrojen esas diligencias de investigación en curso, «podrían derivarse nuevas declaraciones o el requerimiento de otras documentales y/o informes a fin de obtener elementos de prueba sobre la posible falsedad y prevaricación investigadas».

 

Cabe señalar que el juez Lasala había apreciado indicios de prevaricación, encubrimiento y falsedad documental en esa operación clandestina activada por el Gobierno español y ejecutada desde la cúpula del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la participación activa del Estado Mayor del Aire. 

 

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