Amnistía Internacional se planta contra el régimen militar argelino

"Benhalima es un ex militar y que expuso la corrupción de los altos mandos del ejército argelino online"

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Rue20 Español/ Berkane

 

Amnistía Internacional ha enviado una carta al presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, pidiendo que anule la condena a muerte dictada sobre el activista Mohamed Benhalima, un exmilitar que puso al descubierto la corrupción del régimen argelino.

 

Mohamed Benhalima fue expulsado de España en marzo desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, y condenado a muerte por un tribunal militar.

 

«Benhalima es un ex militar y que expuso la corrupción de los altos mandos del ejército argelino online. Él reclamó asilo en España pero las autoridades del país lo deportaron a Argelia en marzo sin el proceso debido de evaluación del asilo», explica la carta de Amnistía Internacional, según informó esta semana el diario El Levante.  

 

Las solicitudes de asilo de Benhalima fueron rechazadas por «considerarse un peligro para la seguridad», pero como cuenta su abogado de la Red Jurídica Eduardo Gómez, «pedimos alguna prueba de ello, un tuit, una publicación en redes, un video donde incitara a la violencia y no nos contestaron con nada en absoluto». 

 

La carta de Amnistía Internacional dirigida al presidente argelino denuncia que «según la información que AI ha obtenido, a su llegada a Argelia, las fuerzas de seguridad agredieron físicamente a Mohamed Benhalima. Después fue ingresado en el mismo ala de la prisión que los detenidos por Hirak (un movimiento pacífico al que pertenece el activista y que cuenta con decenas de detenidos) y después fue trasladado a la prisión de El Blida».

 

Por todo esto, Amnistía Internacional reclama «la liberación de Mohamed Benhalima, el fin de su persecución bajo cargos que consisten en criticar a las autoridades argelinas y hacer ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y asamblea y anular la pena de muerte contra él». Además, piden que las autoridades garanticen su derecho a comunicarse con su familia y abogados.

 

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