Caso Gali. El gobierno español está en el ojo del huracán judicial

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Rue20 Español / Mequínez

La entrada clandestina de Ibrahim Gali en España para recuperarse en un hospital de Logroño sigue creando una serie de tormentas para el Gobierno español.

Las investigaciones judiciales relacionadas con la entrada del presunto líder del Frente Polisario todavía no han terminado, o mejor dicho, acaban de empezar.

El regreso a Argelia de Gali, el 2 de junio, no ha sido suficiente para poner punto final al embrollo judicial provocado por su estancia en España.

El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, sigue investigando las circunstancias que rodearon la entrada de Gali a España a raíz de una denuncia por los presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación presentada por el abogado malagueño Antonio Urdiales.

El juez Rafael Lasala ha pedido a los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores que le remitan, de manera urgente, todos los documentos que permitan identificar a las personas de ambos departamentos que dieron la luz verde para que Ibrahim Gali pudiera entrar en España sin pasar el obligatorio control de pasaporte.

Cabe aclarar que la petición se produjo después de que el máximo responsable de la base militar, el general José Luis Ortiz-Cañavate, respondiera a un cuestionario remitido por el juez con un escrito en el que aseguraba que recibieron una orden telefónica del Estado Mayor del Ejército del Aire para que los ocupantes del avión argelino que aterrizó el 18 de abril en la base no pasaran el control de pasaportes.

En este sentido, cabe recordar que el procedimiento operativo de la instalación militar de España dispone que los ocupantes de las aeronaves extranjeras que vienen de países de fuera del espacio Schengen, por ejemplo Argelia, deben someterse al control de su documentación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El magistrado le pide ahora al departamento dirigido por Arancha González Laya, una “copia testimoniada” de la documentación generada a raíz de la llegada de Gali a la base aérea de Zaragoza y, en concreto, la identificación de la persona que se puso en contacto con la Sección de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército del Aire dándole instrucciones sobre qué tratamiento habría que dar a los viajeros de dicho vuelo.

En fin, la acogida clandestina a Gali por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores encabezado por Arancha González Laya ha causado y sigue causando una serie de problemas muy complicados a todos los niveles.

Es una realidad muy dura que España está obligada a digerir y aguantar. A lo hecho, pecho.

 

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