Marruecos acompaña a la familia del joven marroquí asesinado por un militar español y se hace cargo de todos los gastos de la repatriación y de los abogados

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RUE20 ESPAÑOL / RABAT

La indiferencia del Gobierno español respecto al asesinato a quemarropa del joven marroquí, Younes Bilal (37 años) el domingo pasado por un ex militar español en un bar de Murcia, evidencia la política racista española hacia los marroquíes.

El último acto terrorista y racista deja claro que el Gobierno español califica a los marroquíes como ciudadanos de segunda o tercera clase.

El Gobierno español no ha llamado ni ha presentado su pésame a la familia de Younes.

En cambio, el Gobierno marroquí, mediante su delegación en Murcia, acompañó a la familia de la víctima.

La viuda del fallecido dice que, a través del cónsul, le ha llamado un alto cargo del Gobierno marroquí para hacerse cargo de todos los gastos de la repatriación y de los abogados, afirma el diario El País.

Así, Marruecos se va a ocupar de todos los gastos del traslado del cuerpo del difunto Younes a su ciudad natal Beni Malal.

Además, la viuda recuerda junto al cuerpo de su marido: “Del Gobierno español no nos ha llamado nadie, sin embargo”, según la misma fuente.

Younes Bilal llegó a España desde Beni Melal, hace 20 años. Como cualquier joven de aquel Marruecos, Younes había dejado su familia en busca de un futuro mejor en deseado “paraíso europeo”.

Un “paraíso “convertido en un infierno. Hizo su vida en España, donde trabajó en distintos ámbitos de la albañilería y formó su propia familia.

“Él quería a los hijos de Andrea (su mujer) como si fueran suyos, la más pequeña, que ahora cuenta 14 años, tenía ocho meses cuando llegó a su vida”, cuenta su tía. Younes ha dejado una hija pequeña.

Por otra parte, En el auto, la juez titular del Juzgado Número 1 de Totana precisa que “el ingreso en prisión se deberá realizar en un módulo que presente las garantías suficientes para preservar la integridad física y la propia vida del investigado”.

Y lo acuerda “dada la alarma social que han generado los hechos y las amenazas de muerte recibidas por el investigado en presencia de los agentes de la Guardia Civil, que el propio investigado ha relatado en sede judicial”, según cita El País.

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