Rue20 en español / Mequínez
Las investigaciones judiciales acerca de la entrada clandestina del presunto líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a España, todavía no han terminado.
De vez en cuando aparecen algunas novedades sobre este asunto que había suscitado una gran polémica entre dos países amigos, Marruecos y España.
La última noticia relativa a este tema apunta a que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido proteger al principal imputado del caso en el que se investiga la entrada ilegal de Brahim Ghali en España.
El Ejecutivo español ha decidido que Camilo Villarino, el número 2 de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González-Laya, sea defendido en esta causa por la Abogacía General del Estado.
En un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza Rafael Lasala, el letrado Antonio Urdiales, cuya denuncia originó la investigación, recurre la decisión del magistrado de que la Abogacía del Estado defienda a Camilo Villarino, según ha informado el diario «Libertad Digital (LD)».
El letrado Antonio Urdiales ha criticado duramente dicha decisión tomada por el Gobierno de Sánchez.
En el escrito publicado por el diario LD, Urdiales afirma que «no se puede hacer recaer los perjuicios económicos y de otro orden que ha causado con su conducta el investigado Villarino, en los españoles de a pie que sí tienen que pagar los honorarios de sus letrados de su propio peculio».
«No consta ni por asomo que el investigado se haya movido en el legítimo ejercicio del cargo, porque de ser así no ostentaría la condición de investigado. El investigado no actuó en el legítimo ejercicio de su cargo. Más bien todo lo contrario. Infringió todas las normas del Código de Fronteras de Schengen, implicando a terceros de gran prestigio, ajenos a los hechos, provocando un conflicto diplomático con el Reino de Marruecos de proporciones épicas, causando un perjuicio económico, todavía sin valorar, de varios millones de euros».
«La Abogacía del Estado, le guste o no escucharlo, se ha convertido en la Abogacía del Gobierno, (casos como De los Cobos, Plus Ultra, menores evacuados de Ceuta), son ilustrativos del anómalo funcionamiento de una institución que debiera atender por encima de cualquier cometido los intereses del Estado, del Estado, y no los del Gobierno, que en muchas ocasiones no suelen coincidir con los del Estado», apunta el escrito.
Cabe recordar que Ghali llegó a España el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación, y salió del país el 2 de junio desde Pamplona, dejando tras sí una crisis diplomática sin precedentes entre Marruecos y España.
