Rue20 Español/ Lima
El ex presidente de Perú Pedro Castillo negó ante un juez los delitos de corrupción que se le imputan, mientras la fiscalía afirmó que puede ser sentenciado a 32 años de prisión.
En una audiencia que fue transmitida en directo por el canal del Poder Judicial, la fiscal Galinka Meza afirmó que hay «283 graves y fundados elementos de convicción» que incriminan a Castillo.
Para Meza, de acuerdo al Código Penal peruano, y dado que “en concurso real se está atribuyendo” a Castillo la comisión de una sumatoria de delitos, la “sanción a estimarse” es una “pena privativa de la libertad de 32 años”.
El ex mandatario fue acusado de haber liderado una red integrada por familiares y colaboradores políticos dedicada a conceder contratos de obras públicas de manera irregular y lavar activos.
Por esa acusación, se imputan al ex jefe de Estado los cargos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
Al respecto, Castillo declaró en la audiencia: “Niego rotunda y categóricamente ser autor y ser parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mí país como presidente de la república”.
El ex mandatario participó de la audiencia por videoconferencia desde la cárcel en Lima donde cumple 18 meses de prisión preventiva que le fueron impuestos en otra causa, en la que está acusado de rebelión y conspiración.
El juez que presidió la audiencia, Juan Carlos Checkley, citó a ambas partes para este jueves, a fin de notificarles su decisión acerca del pedido de prisión preventiva para Castillo en la causa por corrupción.
Al imputar a Castillo los cargos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, la fiscal Meza pidió que el ex mandatario cumpla tres años de prisión preventiva.
Castillo está preso desde el 7 de diciembre último, cuando el Congreso lo destituyó horas después de que él anunciara la disolución del Parlamento y la formación de un gobierno excepcional con suspensión de garantías constitucionales.
Desde entonces, no cesan las protestas en contra de su sucesora, la presidenta Dina Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y un llamado a elecciones anticipadas, para renovar a los integrantes del Poder Ejecutivo y del Congreso.
