Rue20 Español/ Rabat
Las autoridades argelinas deben poner fin a su represión generalizada de las organizaciones independientes de la sociedad civil y velar por que puedan operar en un entorno seguro y propicio, subrayaron, este miércoles Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).
Las dos ONG llamaron a las autoridades argelinas a que revocaran la decisión «claramente política» de disolver la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), organización independiente activa desde hace 38 años, y le permitieran actuar libre y legalmente.
El tribunal administrativo de Argel disolvió la LADDH el 29 de junio de 2022 a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio del Interior, recordó la misma fuente en un comunicado, añadiendo que la LADDH, que no estaba al corriente de los procedimientos judiciales, incluida la denuncia presentada contra ella, es «la última organización en el punto de mira de la campaña de las autoridades para neutralizar a las organizaciones independientes de la sociedad civil».
«Las autoridades argelinas parecen decididas a acabar con cualquier actividad independiente que pueda arrojar luz sobre las violaciones de derechos humanos en el país», dijo Eric Goldstein, director adjunto de la división de Oriente Medio y Norte de África de HRW, citado en el comunicado.
«En este contexto, era sólo cuestión de tiempo antes de que atacaran a la organización de derechos humanos más antigua y mejor consolidada del país», afirmó.
En su decisión, el tribunal justificó la disolución de la Liga afirmando que había realizado «actividades sospechosas», como «abordar en sus publicaciones la cuestión de la inmigración ilegal», «organizar manifestaciones» ante los tribunales y «publicar documentos y declaraciones en las redes sociales acusando a las autoridades de reprimir las manifestaciones».
La muy restrictiva Ley de Asociaciones de 2012 no cumple las normas internacionales que rigen la libertad de asociación, sostuvieron AI y HRW, señalando que sus disposiciones están formuladas de forma demasiado vaga para permitir a las asociaciones predecir razonablemente si alguna de sus actividades constituye un delito.
En consecuencia, «amenazan el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y asociación», añadieron las dos ONG.
