Rue20 Español/ Rabat
Los resultados de los exámenes escritos para el acceso a la profesión de abogado, anunciados este viernes por el Ministerio de Justicia, desataron una polémica y una amplia ola de críticas por falta de transparencia, según varios activistas y medios marroquíes.
Desde el viernes pasado, especialmente tras la publicación de la lista de candidatos seleccionados para hacer el oral, las redes sociales se han inundado de mensajes acusando de «favoritismo, clientelismo y nepotismo», porque la lista incluye nombres de algunos familiares de ministros, abogados, magistrados y funcionarios del ministerio.
Todo este clamor fue minimizado por el ministro de Justicia y principal supervisor de las pruebas de acceso, Abdellatif Ouahbi, quien lo calificó de “asunto artificial que no tiene cabida”.
Mencionado por su nombre en las acusaciones, ya que el nombre de su hijo figura en la lista de los aprobados, Ouahbi terminó rompiendo el silencio para asegurar que contrariamente a las insinuaciones que circulan en las redes sociales, no hubo favoritismos ya que el examen fue supervisado por nueve magistrados cuya integridad no puede ser cuestionada.
Ouahbi consideró que estas acusaciones son graves y susceptibles de socavar la imagen y la respetabilidad de una profesión que es parte integral del sistema de justicia. “Una comisión supervisó las diferentes etapas del concurso y tengo confianza en esta comisión. No es porque alguien crea conveniente que abramos una investigación que lo haremos. La comisión incluye a honorables magistrados de diferentes categorías”, dijo.
En el mismo sentido, añade “A lo mejor, creen que estas personas no son gente honrada, mientras que el que no pudo aprobar el examen o aquel que pasa todo su tiempo en el café y no tiene otra ocupación que Facebook, es de buena fe. ¿En serio?».
“No tengo nada que ocultar. Si quieren que publique la lista de admitidos y rechazados con las calificaciones, lo haré. La comisión estaba formada por nueve miembros. Es imposible que se pongan de acuerdo para favorecer a tal o cual candidato”, agregó.
En cuanto a los candidatos con “nombres conocidos en la profesión”, Ouahbi subrayó que son “ciudadanos con los mismos derechos que los demás. ¿Cuántos son? ¿Sesenta, setenta de 2000? ¿Dónde está el problema? Si fuera al revés, ¡habría sido problemático!». ¿Estas «explicaciones» calmarán el ardor de los manifestantes?
Sin embargo, la declaración que generó mucha polémica fue cuando preguntaron al ministro sobre la aprobación de su hijo: “mi hijo estudió en Canadá y tiene dos licenciaturas, y su padre es rico y lo pagó sus estudios”, dijo en declaraciones a la prensa.
Idris Sensi, jefe del opositor Partido del Movimiento Popular en la Cámara de Representantes, dijo: “Nosotros, como equipo parlamentario, esperamos los resultados de las investigaciones del comité, si las hubiere, para determinar responsabilidades”.
“No estamos en contra de las personas que aprobaron el examen que pertenecen a determinadas familias porque ese es su derecho constitucional. Pero debe haber una igualdad en el examen y que todos tengan las mismas sus posibilidades”, añadió Sensi en declaraciones a Rue20.
El mismo parlamentario subrayó que “si es necesario volver a corregir los exámenes, entonces debe hacerse para esclarecer la verdad y no perjudicar esta honorable profesión”.
Abdullah Boano, jefe del grupo parlamentario del Partido Justicia y Desarrollo en la Cámara de Representantes, en declaraciones a Rue20, destacó que “si lo que circula en las redes sociales sobre la manipulación del examen de la abogacía es correcto, entonces esto es un verdadero desastre”. Por eso debe abrirse una investigación transparente sobre el mismo”, añadió.
Cabe destacar que, momentos después del lanzamiento del examen para otorgar el certificado de idoneidad para ejercer la abogacía el 04 de diciembre, las hojas del examen fueron filtradas y difundidas en las redes sociales.
A raíz de las acusaciones surgidas sobre el examen de acceso a la profesión de abogacía, varios de los «fracasados» anunciaron su intención de presentar una denuncia y acudir al Tribunal Administrativo para obtener reparación por la injusticia. Otros reclamaron la necesidad de abrir una investigación sobre el asunto y revelar las hojas de examen, mientras otros más llamaron a formas de protesta que respondieran a sus demandas.
