Rue20 Español/Rabat
La crisis eléctrica que sufre Túnez desde mediados de julio no es un accidente climatológico, sino el síntoma más evidente de una estrategia energética fallida, construida sobre la dependencia crónica de su vecino argelino y la negligencia en la transición hacia fuentes renovables.
Lo que comenzó como averías localizadas en la red tunecina se ha convertido en un programa continuo de cortes rotatorios que afecta a la capital, el noroeste, la península de Cabo Bon, el Sahel, Sfax y otras gobernaciones. La Compañía Tunecina de Electricidad y Gas (STEG) publica diariamente listas de zonas afectadas, ampliables según la evolución de la red, mientras los ciudadanos soportan temperaturas de hasta 49 grados sin aire acondicionado ni refrigeración.
El pasado viernes 24 de julio, STEG anunció cortes programados en dos bloques –de 11:00 a 17:00 y de 20:00 a 23:00– en el área metropolitana de Túnez. En algunos días, los apagones se extienden desde el mediodía hasta la noche, y el restablecimiento del servicio se produce sin previo aviso, generando fluctuaciones de tensión que dañan electrodomésticos y maquinaria.
El director general de STEG, Faisal Trifa, ha justificado la medida apelando a la ola de calor: «la demanda alcanzó cerca de 5.000 megavatios durante las horas punta, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, lo que supone un incremento aproximado del 30 % respecto a los niveles habituales». Otros funcionarios de la compañía han situado la demanda punta en los 6.000 megavatios.
Sin embargo, atribuir la crisis exclusivamente al termómetro es un ejercicio de irresponsabilidad que oculta décadas de mala planificación.
El Observatorio Nacional de la Energía y las Minas revela que el 91% de la electricidad tunecina se genera mediante gas natural. Las renovables apenas representan el 9% de la producción a finales de mayo de 2026. La producción eléctrica consume el 65% de toda la demanda nacional de gas, y Túnez importa la mayor parte de ese gas de Argelia.
La dependencia es tan absoluta que también se extiende a la electricidad. En los cinco primeros meses de 2026, Túnez compró 722 GWh a Argelia –principalmente a la empresa estatal Sonelgaz–, lo que cubre el 9% de las necesidades del mercado nacional. Aunque esta cifra supone una disminución del 15% respecto al mismo periodo de 2025, el gesto de «reducción» no oculta la vulnerabilidad estratégica: basta una avería al otro lado de la frontera para que el sistema tunecino tambalee.
Esa avería llegó la noche del 14 al 15 de julio en la instalación de Sidi Okba, en la provincia argelina de Biskra. El incidente, provocado por la intensa ola de calor que también afectó a Argelia, redujo el volumen de electricidad suministrado a Túnez en el momento de máximo histórico de demanda. Las autoridades argelinas lo calificaron de «incidente excepcional» y aseguraron que «ya ha sido controlado», pero el daño ya estaba hecho: la red tunecina, desprovista de margen de reserva, se precipitó al colapso.
El problema no es la avería de Sidi Okba. El problema es que Túnez haya construido su seguridad energética sobre la buena voluntad de un vecino que, no lo olvidemos, también sufrió apagones de gran magnitud en esas mismas fechas. Argelia registró picos de consumo de 21.378 megavatios y su propia red mostró signos de saturación. Confiar la estabilidad eléctrica de un país a una infraestructura vecina que también se resquebraja bajo el calor es, cuando menos, una temeridad.
La STEG acumula una deuda que ronda los 460 millones de dólares, arrastra problemas de liquidez, dificultades de financiación y un retraso crónico en la modernización de la red. La falta de capacidad de generación, la escasez de inversiones en almacenamiento y energías renovables, y la inexistencia de margen de capacidad de reserva conforman un diagnóstico demoledor.
Hela Tlili, profesora de la Universidad de Túnez El Manar, lo ha expresado con claridad: «la demanda crece mucho más rápido que la producción». Y ha señalado el envejecimiento de la red y años de mantenimiento insuficiente como factores agravantes.
El impacto social es devastador. El Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales (FTDES) ha alertado de que los cortes ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, «especialmente de pacientes que dependen de respiradores o equipos médicos, que fallaron debido a las interrupciones de suministro eléctrico, lo que supone una grave crisis de derechos humanos y una violación del derecho a la vida».
Los cortes afectan al bombeo de agua, al funcionamiento de ascensores –muchos tunecinos evitan usarlos por miedo a quedar atrapados– y a la conservación de medicamentos y alimentos. La organización empresarial CONECT ha denunciado que la falta de calendarios precisos de cortes impide a las empresas preparar su producción. Las pérdidas en pymes, textil, restauración y agricultura son cuantiosas.
La transición energética tunecina, anunciada una y otra vez como prioridad, sigue siendo una asignatura pendiente. El país tiene un enorme potencial solar y eólico, pero la burocracia, los conflictos sindicales y la precaria situación financiera de STEG bloquean los proyectos. Mientras tanto, los ciudadanos pagan el precio de una clase política que prefiere mendigar megavatios a Argelia antes que invertir en soberanía energética.
Túnez necesita un cambio de paradigma, como reclama la profesora Tlili. Pero ese cambio exige voluntad política, inversión y, sobre todo, la valentía de reconocer que la dependencia de Argelia no es una solución, sino el problema.
