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Más de 25 millones de argelinos estaban llamados este jueves a renovar los 407 escaños de la Asamblea Popular Nacional, en unos comicios legislativos que transcurren bajo el doble signo del desencanto económico y la controversia política.
La baja afluencia a los colegios electorales, confirmada por los primeros datos oficiales —apenas un 3% a las 10:00 de la mañana, dos horas después de la apertura—, amenaza con convertir la abstención en la gran protagonista de una jornada que el Gobierno declaró festiva y retribuida precisamente para incentivar la participación.
El desinterés ciudadano no es casual. La campaña electoral, que se prolongó durante las últimas semanas, registró una asistencia testimonial a los mítines y actos políticos, lo que llevó a muchos partidos a optar por encuentros informales en mercados, calles y cafeterías para tratar de conectar con un electorado claramente distante.
Para los analistas, este comportamiento refleja una desconexión profunda entre la clase política y una población que sitúa sus preocupaciones cotidianas muy por delante de cualquier debate parlamentario: la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de los productos básicos y el progresivo deterioro de los servicios públicos.
A esta desmovilización se suma un elemento que ha marcado el proceso desde su génesis: la exclusión de 269 candidatos. La Autoridad Nacional Independiente de Elecciones justificó estas inhabilitaciones alegando «vínculos con redes financieras ilícitas» y «actividades políticas sospechosas». Sin embargo, entre los apartados figuran dirigentes de la oposición y antiguos activistas del movimiento Hirak, el estallido social que en 2019 forzó la dimisión del entonces presidente Abdelaziz Bouteflika. La sombra del veto político planea así sobre unos comicios en los que las voces críticas denuncian un cerco creciente a las libertades de prensa, sindicales y políticas.
El presidente Abdelmadjid Tebboune, reelegido en 2024 para un segundo mandato, ha tratado de despejar las dudas sobre la limpieza del proceso. En declaraciones previas a la jornada electoral, aseguró que los sufragios «serán respetados con total precisión» y que la composición del próximo Parlamento reflejará «la voluntad de los electores». No obstante, para numerosos observadores internacionales, el verdadero termómetro de la credibilidad institucional no será tanto el reparto final de escaños como el dato de participación, que se perfila como el principal indicador de la confianza —o desconfianza— de la ciudadanía en un sistema político percibido como hermético.
En el plano estrictamente electoral, la mayoría oficialista, encabezada por el histórico Frente de Liberación Nacional (FLN), parte con la clara ventaja de haber controlado unos 300 escaños en la legislatura saliente. El Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP), la principal fuerza islamista, se mantiene como la segunda opción política con 64 diputados, aunque varios de sus candidatos también han resultado afectados por las exclusiones. En el otro extremo, formaciones como el Partido de los Trabajadores, de orientación trotskista, han hecho campaña a favor de aumentos salariales y de pensiones, así como en contra de una reforma minera que, a su juicio, favorece excesivamente a los inversores extranjeros. El Frente de Fuerzas Socialistas, principal partido de la tradición democrática, ha situado en el centro de su discurso la exigencia de liberación de presos políticos y una mayor apertura mediática, al tiempo que advierte a los votantes de que la abstención solo beneficia al statu quo.
Mientras tanto, la atención de muchos argelinos se divide entre la papeleta electoral y el balón. La selección nacional disputa esta madrugada un partido eliminatorio contra Suiza en el Mundial de fútbol, un evento que, para una parte importante de la población, parece despertar tanto o más interés que la composición del futuro Parlamento. La jornada de votación se ha prolongado sin incidentes graves en la capital y en el resto del país, aunque con la sombra alargada de una abstención que, de confirmarse en niveles elevados, planteará interrogantes sobre la legitimidad de unos comicios concebidos, en teoría, para dar voz a la ciudadanía.
