Rue20 Español/Madrid
El nuevo Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 que el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de poner en marcha confirma una realidad que los datos venían anticipando desde hace años: la comunidad marroquí es, con diferencia, el colectivo extranjero más numeroso en España. Representa el 12 % del total de la población nacida fuera de las fronteras españolas, una cifra que sitúa al Reino de Marruecos muy por delante de Colombia (10 %) y Venezuela (7 %).
El documento, presentado oficialmente el pasado 30 de junio con una dotación de más de 505 millones de euros para su primer año de ejecución, traza una hoja de ruta ambiciosa que afecta de lleno a los cerca de 1,2 millones de marroquíes que residen actualmente en territorio español.
Un peso demográfico que no deja indiferente
El protagonismo de Marruecos en el mapa migratorio español no es coyuntural. Según los datos que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el colectivo marroquí supera holgadamente el millón de personas, lo que lo convierte en el grupo más numeroso entre todas las nacionalidades extranjeras. Este volumen se inserta en un contexto de transformación demográfica profunda: la población de origen extranjero representa ya el 14,6 % del total de habitantes de España, frente al exiguo 0,6 % que suponía en la década de 1980.
La distribución territorial también arroja luz sobre la importancia de esta comunidad. Madrid concentra el 17,1 % de la población extranjera; Barcelona, el 15,6 %; y provincias como Alicante, Valencia o las Islas Canarias superan el 5 %. En zonas como Almería, Baleares o Girona, los extranjeros representan más del 20 % de la población provincial. No es aventurado afirmar que, en muchos municipios españoles, la presencia marroquí es ya un elemento estructural del tejido social y económico.
El plan presentado por el Ejecutivo español no se limita a constatar cifras. Se articula en torno a cuatro ejes y dieciséis medidas concretas que buscan ordenar los flujos migratorios y garantizar la integración efectiva de quienes ya residen en el país. La primera gran medida, ya en marcha, es la regularización extraordinaria que concluyó el pasado 30 de junio, y que ha permitido a cerca de medio millón de personas en situación irregular acceder a un estatus legal.
Como destacó la ministra Elma Saiz, se trata de “uno de los grandes hitos de esta legislatura”. Los requisitos eran claros: encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales.
El plan también contempla una Estrategia de Movilidad Laboral para abrir vías legales, seguras y ordenadas desde los países de origen. En este punto, la cooperación con Marruecos resulta clave. No en vano, los trabajadores extranjeros ocupan ya el 28 % de los empleos en hostelería y restauración y el 21,5 % en la construcción, y entre 2021 y 2025 cubrieron entre el 63 % y el 72 % de los nuevos puestos creados en estos sectores.
Uno de los datos más reveladores del plan es el que subraya la contribución esencial de los inmigrantes al mercado laboral español. Tres de cada cuatro extranjeros residentes poseen un nivel avanzado de castellano o lo tienen como lengua materna, lo que facilita su inserción. El plan destina más de 35 millones de euros a facilitar la incorporación de migrantes a sectores con alta demanda, y más de 150 millones a una oferta extraordinaria de Formación Profesional con más de 100.000 plazas flexibles.
Pero no todo es empleo. El tercer pilar del plan se centra en la cohesión social y el aprendizaje de las lenguas oficiales, con casi 30 millones de euros para programas que refuercen el conocimiento de las normas y valores democráticos, así como la lucha contra los discursos de odio. El cuarto eje, dotado con más de 200 millones, refuerza los servicios públicos para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda, la sanidad o la educación.
El plan establece diez objetivos cuantificables que permitirán evaluar los resultados en ámbitos como el empleo, la pobreza, la vivienda o la discriminación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la iniciativa con una frase que resume el espíritu de la medida: “La humanidad sin gestión se queda sin palabras y la gestión sin humanidad pierde su sentido”. Y ha añadido: “Recordaremos este paso como una decisión que hizo España un país más justo y más fuerte”.
Para el Reino de Marruecos, este plan representa una oportunidad estratégica en múltiples frentes. Por un lado, la regularización de miles de marroquíes que se encontraban en situación irregular en España supone un avance en la protección de sus derechos y en su contribución al desarrollo tanto del país de acogida como del de origen, a través de las remesas. Por otro, la apuesta por la migración circular y ordenada abre la puerta a una cooperación bilateral más fluida en materia de movilidad laboral, algo que ya se ha ensayado con éxito en programas como la migración estacional en el sector agrícola.
El propio documento del plan subraya que uno de sus objetivos es promover una migración regulada, adaptada a las necesidades del país y menos expuesta a la irregularidad. En este sentido, la colaboración con Marruecos resulta imprescindible no solo por el volumen de su comunidad, sino por la vecindad geográfica y los lazos históricos, culturales y económicos que unen a ambos reinos.
El Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 no es un documento menor. Es la apuesta más ambiciosa del Gobierno español en materia migratoria de las últimas décadas, y sitúa a Marruecos en el centro del tablero. La comunidad marroquí, la más numerosa y arraigada, se convierte así en el principal referente de un modelo que aspira a conciliar derechos, deberes y convivencia. Para Rabat, la pregunta ya no es si este plan le afecta, sino cómo aprovechar su potencial para fortalecer los lazos con su principal socio europeo y garantizar el bienestar de sus ciudadanos al otro lado del Estrecho.
