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El primer foro sobre terrorismo y extremismo violento celebrado en Las Palmas de Gran Canaria concluyó la semana pasada con un debate marcado por la reivindicación de un grupo de víctimas españolas que ha reabierto una discusión histórica: la consideración del Polisario como organización terrorista por hechos atribuidos a esta milicia en décadas pasadas.
El encuentro, impulsado por una asociación de víctimas del terrorismo junto al Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, reunió a perfiles diversos: afectados directos, especialistas en seguridad, juristas y representantes de entidades sociales, según varias fuentes.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias celebraron el 18 de junio las “I Jornadas sobre Terrorismo en Canarias”, bajo el título «Terrorismo Global y Radicalización. Análisis actual y… pic.twitter.com/mYZ33QBAGl
— Agencia Canaria de Noticias y Audiovisuales. (@ACFIPRESS) June 18, 2026
El objetivo declarado era abordar el impacto del terrorismo desde una perspectiva integral, con especial atención a la reparación psicológica, el reconocimiento institucional y las vías de acceso a la justicia.
Sin embargo, el cierre del foro estuvo dominado por la intervención de varios representantes de víctimas que reclamaron que determinados episodios violentos ocurridos en las décadas de 1970 y 1980, atribuidos al Polisario, sean incorporados de forma más explícita en el debate jurídico y político internacional. Según expusieron, la ausencia de una calificación formal impide avanzar en procesos de reconocimiento pleno y compensación en algunos casos aún pendientes.
Entre las voces más destacadas figuró un integrante de la junta directiva de la asociación organizadora, quien defendió que el colectivo presta apoyo a víctimas de más de treinta organizaciones diferentes que han operado en España.
Según las mismas fuentes, esta persona subrayó que las personas afectadas por acciones vinculadas al Polisario reciben la misma atención legal, psicológica y social que el resto; insistiendo en que no puede haber categorías de víctimas dentro del mismo sistema de reconocimiento.
En una línea similar, Gilberto Pérez, representante de la asociación en Canarias, puso el acento en la dimensión territorial del asunto. Recordó que varias de las víctimas tenían vínculos directos con el archipiélago, ya fuera por residencia o por actividad laboral, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de mantener vivo el debate en el ámbito público y académico canario.
Los participantes coincidieron en que una designación formal de organización terrorista tendría implicaciones principalmente simbólicas y jurídicas, al reforzar las reclamaciones de las víctimas en procesos de reconocimiento y contribuir a la preservación del registro histórico de los hechos denunciados.
Más allá de esta cuestión, el encuentro sirvió para insistir en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el extremismo violento y de mejorar los mecanismos de apoyo institucional a las víctimas. Los organizadores destacaron que la atención psicológica y el acompañamiento social continúan siendo pilares fundamentales, especialmente en casos que siguen sin resolución o reconocimiento completo.
Según las mismas fuentes, el foro cerró así con un mensaje dual: por un lado, la reivindicación de memoria y justicia por parte de las víctimas; por otro, la llamada a mantener el debate dentro de los cauces legales e institucionales, en un contexto en el que las interpretaciones sobre el pasado siguen generando sensibilidades políticas y jurídicas.
