Rue20 Español/Madrid
El Consejo de Ministros aprueba este martes la regularización extraordinaria de migrantes, una medida que permitirá obtener permiso de residencia y trabajo a cerca de medio millón de personas en situación irregular en España.
La iniciativa, que busca dar respuesta a una prolongada realidad social y facilitar la integración de miles de ciudadanos en el sistema legal y laboral, ha sido anunciada a través de un real decreto tramitado por la vía de urgencia.
El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país.
Un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra… pic.twitter.com/Es9il0KE59
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2026
La medida, que se alinea con precedentes históricos en España, donde se han impulsado seis iniciativas similares en las últimas décadas, cuatro bajo gobiernos del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) y dos con ejecutivos del PP (2000 y 2001), se inspira en el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas. A nivel europeo, más de 40 regularizaciones se han llevado a cabo desde los años noventa, con ejemplos recientes en Italia y Portugal entre 2020 y 2021.
La regularización beneficiará a dos grupos principales: solicitantes de protección internacional que hayan presentado su petición antes del 31 de diciembre de 2025, independientemente de su resolución, y migrantes económicos que puedan acreditar su presencia en España durante al menos cinco meses antes de esa misma fecha.
El plazo para presentar solicitudes se abrirá tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado y se extenderá hasta el 30 de junio. Uno de los aspectos más destacados es que, desde la admisión a trámite, un procedimiento que se prevé ágil, los solicitantes podrán comenzar a trabajar desde el primer día. La autorización será de residencia y trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector, con una duración inicial de un año, permitiendo posteriormente el acceso a las vías ordinarias del Reglamento de Extranjería. En el caso de menores a cargo, la regularización podrá extenderse hasta cinco años.
El Gobierno ha especificado que el proceso incluirá garantías, como la exigencia de no tener antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. El texto incorpora ajustes tras el dictamen del Consejo de Estado, que planteó observaciones sobre la acreditación de antecedentes o la compatibilidad con procedimientos de asilo.
Desde el Ejecutivo se defiende que esta medida supondrá «un antes y un después» para cientos de miles de personas, al tiempo que contribuirá a aflorar economía sumergida y reforzar el sistema de protección social.
