Rue20 Español/Madrid
«España no puede ser el hospital del mundo». Así fue la declaración inhumana del líder del partido español Vox, Santiago Abascal, poniendo a su partido como siempre contra el corriente, la humanidad y los derechos fundamentales acordados de manera universal.
El dirigente de Vox defendió la llamada “prioridad nacional” en el acceso a la sanidad pública, una propuesta que, según diversos sectores políticos y sociales, podría suponer la exclusión de colectivos vulnerables y un retroceso en el principio de universalidad del sistema sanitario español. Estas declaraciones fueron reforzadas por la diputada Isabel Pérez-Moñino, quien insistió en que “Madrid no puede ser el hospital del mundo”, alimentando una narrativa que ha sido señalada por sus detractores como simplificadora y generadora de tensión social.
Frente a esta postura, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, marcó distancias al afirmar que “no vamos a dejar morir a ningún ser humano en la puerta de un hospital”, subrayando el carácter humanitario de la sanidad pública. Aunque Ayuso mantiene críticas a la política migratoria del Ejecutivo central, su respuesta evidenció las divergencias existentes incluso dentro del bloque conservador.
La polémica se produce tras la aprobación, el pasado 10 de marzo, de un Real Decreto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que garantiza el acceso a la sanidad pública a personas extranjeras en situación irregular. La medida busca reforzar la universalidad del sistema y corregir desigualdades administrativas que habían dejado a miles de personas fuera de la cobertura sanitaria.
El decreto permite el acceso mediante una declaración responsable y la emisión de un documento provisional inmediato, además de flexibilizar los requisitos de residencia. El Ejecutivo progrsista defiende que esta normativa protege a colectivos especialmente vulnerables, como menores, mujeres embarazadas o víctimas de violencia de género, evitando situaciones de desprotección sanitaria.
En este contexto, la postura de Vox ha sido cuestionada por priorizar criterios administrativos sobre consideraciones humanitarias y de salud pública. Expertos y sectores políticos advierten de que limitar el acceso a la sanidad no solo afectaría a los inmigrantes, sino que también podría tener consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad, al dificultar la prevención y el control de enfermedades.
Asimismo, las críticas apuntan a que el discurso del partido puede contribuir a estigmatizar a la población inmigrante, presentándola como una carga para el sistema, sin atender a factores estructurales como la financiación sanitaria o la gestión de recursos.
El nuevo enfrentamiento político refleja una creciente polarización en torno a la sanidad y la inmigración en España, donde el equilibrio entre sostenibilidad del sistema y derechos universales continúa siendo uno de los principales desafíos del debate público.
