Rue20 Español/Rabat
El Abbas Tahri Joutey Hassani
La pugna por albergar la final del Mundial 2030 ha entrado en una fase decisiva marcada no solo por criterios de infraestructura, sino también por la percepción internacional. En este contexto, Marruecos parece haber tomado ventaja tras el incidente racista registrado en el RCDE Stadium durante el amistoso entre la Selección de fútbol de España y la Selección de fútbol de Egipto.
El encuentro, que finalizó sin goles, quedó eclipsado por los cánticos contra los musulmanes y los silbidos al himno egipcio, hechos que han reabierto el debate sobre el racismo en el fútbol español. Lejos de ser interpretado como un incidente aislado, lo ocurrido ha sido percibido como un síntoma de una problemática más profunda que trasciende el ámbito deportivo y alcanza dimensiones sociales y políticas.
Las autoridades catalanas han abierto una investigación y han activado la legislación vigente contra la violencia y la xenofobia, reconociendo la gravedad de los hechos. Sin embargo, la reacción institucional ha sido objeto de críticas por su aparente lentitud. El consejero Berni Álvarez ha cuestionado la eficacia de los protocolos, señalando la necesidad de respuestas más inmediatas frente a comportamientos de esta naturaleza.
El impacto del incidente no se limita al terreno deportivo. Ha salpicado directamente a la Real Federación Española de Fútbol y a su presidente, Rafael Lozano, cuya propuesta de acoger la final en el Estadio Santiago Bernabéu pierde fuerza en medio de la controversia.
En contraste, la candidatura marroquí, con el Gran Estadio Hassan II como principal baza, emerge reforzada. En una competición donde la imagen internacional es determinante, episodios como el vivido en Cataluña suponen un lastre difícil de compensar.
No es la primera vez que el fútbol español se ve envuelto en acusaciones de tolerancia frente al racismo. El caso de Vinícius Júnior sigue muy presente en la memoria colectiva y ha contribuido a erosionar la reputación de las competiciones nacionales. La reiteración de estos episodios alimenta la percepción de que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes.
La crisis ha adquirido también un claro cariz político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a miembros de su Ejecutivo como Félix Bolaños y Óscar Puente, ha condenado los hechos, vinculándolos al auge de discursos excluyentes. En ese contexto, el partido Vox ha sido señalado por algunos sectores como uno de los actores que contribuyen a normalizar este tipo de retórica, mientras que el Partido Popular ha optado por desmarcarse con rapidez para evitar un desgaste reputacional.
Por su parte, la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña ha exigido sanciones ejemplares y medidas preventivas, insistiendo en que la respuesta no puede limitarse a la condena simbólica.
España se enfrenta así a una encrucijada que va más allá del fútbol. La gestión de estos episodios determinará no solo sus opciones de acoger la final del Mundial 2030, sino también su capacidad para proyectar una imagen de país abierto y respetuoso.
En este escenario, Marruecos consolida su posición como alternativa sólida. Porque en una competición global como el Mundial, la reputación cuenta tanto como los estadios; y cuando el racismo irrumpe en las gradas, deja de ser un problema puntual para convertirse en un factor decisivo en el tablero internacional.
