Rue20 Español/Rabat
El Gobierno de Marruecos ha iniciado la preparación de su proyecto de ley de finanzas para 2027 con una orientación plurianual que abarca el período 2027-2029, en un contexto en el que busca equilibrar sus prioridades sociales con la disciplina presupuestaria y los compromisos estratégicos vinculados, entre otros, a la organización del FIFA World Cup 2030.
En este marco, el Jefe de Gobierno, Aziz Akhannouch, ha emitido una nota de encuadre dirigida a los departamentos ministeriales y a los establecimientos públicos, invitándolos a presentar sus propuestas de programación presupuestaria trienal.
Esta iniciativa se inscribe en la lógica de la reforma presupuestaria orientada a reforzar la coherencia de la acción pública, mejorar la visibilidad de las políticas públicas y optimizar la eficiencia del gasto.
El documento sitúa en el centro de las prioridades la consolidación del Estado social, con especial atención a la generalización de la protección social, considerada uno de los pilares del nuevo modelo de desarrollo. El Ejecutivo prevé continuar su despliegue asegurando, al mismo tiempo, su sostenibilidad financiera.
En el ámbito sanitario, la reforma del sistema de salud se mantiene como un eje estructural, con énfasis en la modernización de las infraestructuras hospitalarias, el fortalecimiento de los recursos humanos y la implementación de agrupamientos sanitarios territoriales, con el objetivo de mejorar la proximidad y la eficiencia del servicio.
En educación, el Gobierno apuesta por la transformación del sistema mediante la ampliación del programa de “escuelas pioneras”, que aspira a abarcar el 80% de las escuelas primarias a partir del curso 2026-2027, con la finalidad de reforzar los aprendizajes fundamentales.
Más allá del ámbito social, la hoja de ruta presupuestaria sitúa el empleo como una prioridad transversal, promoviendo un enfoque integral basado en el apoyo a la inversión, el acompañamiento del tejido empresarial y la adecuación entre formación y mercado laboral.
La inversión pública continuará desempeñando un papel clave, especialmente en infraestructuras estratégicas relacionadas con el agua, el transporte y la logística, así como en proyectos vinculados a los preparativos del Mundial 2030.
Paralelamente, la transformación digital se consolida como un eje central con la implementación acelerada de la estrategia “Marruecos Digital 2030”, orientada a modernizar la administración y fortalecer la competitividad económica.
Esta programación trienal se enmarca en un entorno internacional caracterizado por incertidumbres persistentes, asociadas a tensiones geopolíticas y a la desaceleración del crecimiento global.
En este contexto, el Ejecutivo adopta una ambición moderada, con previsiones de crecimiento medio en torno al 4,2% para el período, una inflación cercana al 2% y un déficit presupuestario contenido en torno al 3% del PIB.
Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno insiste en la racionalización del gasto público, especialmente el gasto de funcionamiento, así como en la adopción de nuevas prácticas de gestión basadas en la digitalización, la optimización de recursos y la mutualización de medios.
Asimismo, se prevé mejorar la eficiencia de la inversión pública mediante la priorización de proyectos estratégicos, la aceleración de su ejecución y el refuerzo de un enfoque territorial y participativo en la elaboración de los programas.
La nota de encuadre destaca también la continuidad de la presupuestación sensible al género y la introducción de un etiquetado climático del gasto público, destinado a evaluar su impacto ambiental y reforzar la transparencia en la gestión de los recursos.
Las propuestas de los distintos departamentos serán examinadas entre el 13 de abril y el 12 de mayo de 2026 en el seno de comisiones especializadas coordinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos. Las administraciones deberán presentar sus datos a través del sistema digital “e-budget2”, justificando de forma detallada sus opciones presupuestarias.
Con esta programación trienal, el Gobierno busca consolidar una herramienta estructurante que refuerce la coherencia de la acción pública y acompañe las ambiciones económicas y sociales del país, en un equilibrio constante entre justicia social y rigor presupuestario.
