Rue20 Español/Rabat
El caso del niño saharaui Mouloud El Mahyub, de trece años, fue presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en Ginebra, donde diversas ONG denunciaron una situación que consideran emblemática de las condiciones de vida de los menores en los campamentos de Tinduf, en el suroeste de Argelia.
Según estas organizaciones, el menor fue víctima, el 25 de febrero de 2026, de un secuestro y de una detención ilegal dentro de los campamentos. Durante este periodo, Mouloud sufrió graves agresiones físicas, incluyendo golpes severos y quemaduras en varias partes del cuerpo, cometidas por miembros de una familia que sometía a su familia a condiciones de servidumbre.
Abdelouahab Gain, activista de derechos humanos, calificó este caso como un ejemplo elocuente de las violaciones más extremas de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf, describiendo “un secuestro forzado, una detención arbitraria y actos de tortura física de extrema gravedad”, con “golpes violentos y quemaduras infligidas en varias partes del cuerpo”.
Gain, en representación de la ONG “Red Unidad para el Desarrollo de Mauritania”, precisó que los abusos se basaron en “una acusación falaz”, desmentida posteriormente por la pericia médica, y que la familia implicada reconoció finalmente su responsabilidad.
El activista denunció además “el silencio absoluto” del Frente Polisario y la ausencia de cualquier investigación o medida de protección, advirtiendo que la situación se asemeja a “una forma de complicidad institucional”, en un contexto marcado por “la carencia total de control por parte de la ONU o de un sistema judicial nacional independiente”.
Por su parte, Hamada El Bihi, en representación de la ONG “Il Cenacolo”, destacó la ausencia de anuncios sobre investigaciones independientes y medidas de protección para la víctima o para iniciar procesos judiciales contra los responsables, subrayando un persistente clima de impunidad. Precisó que la familia de Mouloud ya había presentado pruebas médicas y testigos que confirman los hechos denunciados, reforzando la evidencia del abuso y la negligencia institucional.
El caso de Mouloud El Mahyub fue presentado como revelador de un vacío jurídico y de la falta de mecanismos de protección en los campamentos, donde miles de saharauis permanecen secuestrados desde hace décadas.
“El riesgo de exponer a la víctima a nuevos perjuicios físicos y psicológicos irreparables es inmediato y grave”, advirtió Gain, solicitando “tratar esta situación como una cuestión de la más alta prioridad que exige acción inmediata”.
El activista insistió en la necesidad de “proteger de inmediato a la víctima y a su familia”, “abrir una investigación independiente” y “desplegar una misión de la ONU de establecimiento de los hechos”, mientras instó a la comunidad internacional a actuar sin demora, advirtiendo que, de no hacerlo, podrían producirse “perjuicios irreparables”.
Finalmente, los intervinientes subrayaron que la situación compromete la responsabilidad del Estado anfitrión, recordando su obligación de garantizar la protección de todas las personas bajo su jurisdicción.
