Rue20 Español/Madrid
El Gobierno español aprueba este martes, en el Consejo de Ministros, una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular, mediante un Real Decreto, tras un acuerdo político entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la formación Podemos, según han confirmado fuentes gubernamentales.
Se trata del octavo procedimiento extraordinario de regularización que se lleva a cabo en España, una medida que, de acuerdo con estimaciones del partido morado, podría beneficiar a más de 500.000 personas. El plazo para acogerse a esta regularización se extenderá hasta el próximo 30 de junio.
Según explicó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, los solicitantes deberán acreditar al menos cinco meses de estancia continuada en España, además de carecer de antecedentes penales relevantes. El acuerdo entre las fuerzas políticas establece una lista flexible de documentos para justificar la residencia, entre los que figuran el empadronamiento, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte, entre otros.
Uno de los aspectos más destacados de la medida es que, en el momento de presentar la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por haber trabajado sin autorización. Asimismo, cuando la solicitud sea admitida a trámite, el solicitante recibirá una autorización de residencia provisional, que permitirá trabajar legalmente en España y acceder a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria.
En caso de resolución favorable, las autoridades concederán una autorización de residencia por un periodo de un año, al término del cual los beneficiarios podrán solicitar una autorización de residencia ordinaria, conforme a lo establecido en el Reglamento de Extranjería.
Esta regularización extraordinaria se suma a otras medidas similares adoptadas en el pasado por el Estado español. La más reciente fue aprobada en febrero del año pasado, cuando el Gobierno autorizó la regularización de 25.000 personas extranjeras afectadas por la DANA que asoló la Comunidad Valenciana el 28 de octubre, un episodio meteorológico extremo que causó más de 200 víctimas mortales.
La nueva iniciativa se enmarca en el debate político y social sobre la inmigración en España y responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de ofrecer una solución administrativa a personas ya integradas en el país, así como de combatir la economía sumergida y reforzar la protección de los derechos laborales y sociales.
