Rue20 Español/Fez
Walid El Moumen
El régimen militar de Argelia parece haber encontrado en la inmigración un arma silenciosa contra España. Tras la decisión de Madrid de alinearse con la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara, Argel convirtió el mar en un campo de presión política y dejó en manos de las mafias una vía de chantaje que golpea directamente a Baleares. Hoy, la ruta migratoria desde Argelia hacia las islas no solo refleja el drama humanitario de cientos de jóvenes que arriesgan la vida en pateras, sino también la venganza de un poder militar que utiliza la desesperación de sus propios ciudadanos como moneda de cambio.
La presión migratoria y la avalancha de embarcaciones procedentes de Argelia no muestran signos de frenarse. Según datos destacados por el Partido Popular de Ibiza, se calcula que entre 400 y 500 menores de edad aguardan en costas argelinas para embarcarse hacia Baleares.
Ante este panorama, el PP ha escenificado un frente común entre sus representantes en Madrid, el presidente del Consell Insular y los alcaldes de la isla, para exigir al Gobierno central una respuesta firme. Reclaman no solo recursos económicos y humanos, sino también el reconocimiento de que Baleares se ha consolidado como ruta migratoria hacia Europa.
El presidente del Consell, Vicent Marí, alerta de que la situación en Ibiza es “insostenible”. Actualmente la institución insular tutela a 78 menores migrantes, con una media de edad de 17 años, y carece de medios y personal suficientes para atenderlos. Marí insiste en la necesidad de actuar en origen, recurriendo a la diplomacia con Argelia para frenar a las mafias que ponen en riesgo la vida de tantos jóvenes en el mar.
Por su parte, el presidente del PP balear y diputado en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, denuncia la “ineptitud e incompetencia” del ejecutivo de Pedro Sánchez, y critica que cada vez que se reclama más apoyo la respuesta del Gobierno es acusarles de racismo. En sus palabras, el delegado del Gobierno en Baleares y la directora insular no son más que “monaguillos” del ejecutivo central.
Entre las medidas que reclama el PP figuran la cobertura de 600 vacantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la habilitación de los 18 millones de euros pendientes del plus de insularidad, así como un cambio en la política exterior hacia Argelia. También piden la implicación de la Unión Europea con el despliegue de Frontex en aguas baleares, medida que ya figura en la agenda de la presidenta del Govern en su próxima reunión con el Comisario Europeo de Inmigración.
A pesar de las críticas, el PP balear insiste en que es un “partido de Estado” y asegura estar abierto al diálogo, aunque recalca la falta de coordinación del Gobierno a la hora de afrontar la creciente llegada de migrantes a las islas.
