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La Nota de Orientación del Jefe de Gobierno relativa al proyecto de Ley de Presupuestos de 2026 prioriza la continuación de las principales reformas estructurales y la preservación del equilibrio de las finanzas públicas.
Traza una hoja de ruta destinada a consolidar la transformación económica e institucional del Reino, al tiempo que garantiza una gestión rigurosa y sostenible de los recursos.
En la Nota de Orientación para la preparación del proyecto de Ley de Presupuestos 2026, el Jefe de Gobierno pone el acento en dos prioridades indisociables: la continuidad de las reformas estructurales emprendidas y la consolidación de los equilibrios macroeconómicos. Este documento establece las grandes líneas de acción para modernizar la administración, mejorar el rendimiento de las políticas públicas, reforzar el Estado de derecho y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Al inscribir estas orientaciones en una visión a largo plazo, el gobierno aspira a consolidar la posición de Marruecos entre los países emergentes, combinando rigor presupuestario, inclusión social y crecimiento sostenible.
En 2026, el gobierno pretende continuar la profunda modernización del sector público y de la administración territorial para apoyar la transformación de Marruecos en una economía emergente. El proyecto de reestructuración de los establecimientos y empresas públicas continuará, con el objetivo de racionalizar la cartera pública, recentrar sus misiones en actividades estratégicas y reducir su dependencia del presupuesto del Estado gracias a modos de financiación más diversificados y eficientes.
La reforma administrativa seguirá siendo central en las prioridades, a través de la digitalización y la simplificación de los procedimientos, la generalización de la ventanilla única, la integración de indicadores de calidad de los servicios y la promoción de la proximidad con los ciudadanos. El despliegue del proyecto de descentralización administrativa continuará, incluyendo la actualización de los planes directores y la modernización de las estructuras.
El refuerzo del Estado de derecho se ilustra en particular con la continuación de la reforma de la justicia, con un énfasis en el acompañamiento de la revisión de la Moudawana (Código de Familia) y el acercamiento de la justicia a los ciudadanos gracias a la extensión del mapa judicial y a la mejora de las infraestructuras. La reforma del derecho penal integra también la adopción de penas alternativas, destinadas a humanizar el sistema judicial y a reducir la presión sobre las cárceles.
La promoción de la lengua amazigh se intensificará con la integración de más de 1.100 agentes de atención al público que hablan amazigh, su inclusión en la identidad visual de las instituciones y su ampliación en la educación, la legislación y los servicios públicos.
El proyecto de Ley de Presupuestos de 2026 sitúa la preservación de los equilibrios macroeconómicos en el centro de su acción, con un objetivo de crecimiento del 4,5% y una reducción del déficit presupuestario al 3% del PIB, controlando al mismo tiempo el endeudamiento al 65,8% del PIB. Se hará hincapié en una gestión rigurosa de los gastos de funcionamiento, en particular mediante la racionalización del consumo de agua y electricidad, la limitación de los gastos de desplazamiento, de recepción y de organización de eventos, así como mediante la reducción de las compras de vehículos y de las construcciones administrativas.
Las inversiones se orientarán prioritariamente hacia los proyectos con un fuerte impacto económico y social, en particular aquellos que son objeto de instrucciones reales o que están inscritos en acuerdos internacionales. La financiación se basará en la valorización de los activos públicos, la diversificación de los instrumentos financieros y la ampliación de las asociaciones público-privadas.
La reforma de la ley orgánica relativa a las finanzas públicas tiene como objetivo mejorar la eficacia del gasto público y reforzar la planificación plurianual. Introduce una nueva regla presupuestaria basada en un objetivo de endeudamiento a medio plazo, con cláusulas de flexibilidad en caso de circunstancias excepcionales, y extiende las obligaciones de rendimiento a los establecimientos públicos que se benefician de recursos o subvenciones del Estado.
