Rue20 Español/ Rabat
Ignacio Ortiz Palacio, presidente del Foro Canario Saharaui, lanzó duras acusaciones contra el Frente Polisario, calificándolo de “organización terrorista” que amenaza la paz en la región y responsabilizándolo de cometer graves violaciones de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf.
Los participantes en la conferencia denunciaron las continuas violaciones cometidas por el Frente Polisario con el apoyo del régimen argelino, especialmente en lo relativo a la privación del derecho al retorno de los retenidos en los campamentos y al uso indebido de la ayuda humanitaria.
Durante el encuentro, también se reveló la colaboración del Polisario con otras organizaciones terroristas, como Hezbolá, con el objetivo de ejercer represión y violencia. Se presentaron testimonios documentados sobre casos de secuestro y tortura que afectaron a activistas y periodistas, entre ellos Ahmed Khalili y Mustafa Salma, como ejemplos de violaciones flagrantes de los derechos humanos.
Asimismo, los participantes denunciaron la manipulación sistemática de la ayuda alimentaria, señalando el respaldo directo del régimen argelino a estas prácticas, y exigieron una acción urgente por parte de la comunidad internacional para poner fin a estas violaciones y enjuiciar a los responsables.
En este contexto, el Foro Canario Saharaui anunció la presentación de una denuncia formal ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que condena las violaciones graves y sistemáticas cometidas en los campamentos de Tinduf.
El presidente del foro afirmó que esta zona vive en una situación de “impunidad y ausencia del estado de derecho”, donde los derechos fundamentales se vulneran de manera sistemática y continua.
La denuncia documenta varios tipos de violaciones, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura sistemática, esclavitud moderna y discriminación racial.
El foro ha registrado al menos 21 casos de ejecuciones extrajudiciales o intentos de ejecución desde el año 2014, la mayoría de ellos contra jóvenes saharauis.
También denunció “la malversación sistemática de la ayuda humanitaria”, basándose en un informe publicado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en 2015, que reveló el desvío de aproximadamente 105 millones de euros en ayudas europeas destinadas a los secuestrados en los campamentos entre 1994 y 2004.
En la conclusión de su comunicado, el Foro exigió permitir de forma inmediata e incondicional que organizaciones internacionales de derechos humanos, así como las propias Naciones Unidas, lleven a cabo misiones de investigación independientes en los campamentos de Tinduf. Asimismo, pidió la realización de un censo transparente bajo supervisión internacional de los retenidos en los campamentos, así como la creación de un mecanismo internacional que supervise la distribución de la ayuda humanitaria.
