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El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra entre la espada y la pared en el asunto de la apertura de las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla; enfrentándose a las crecientes críticas de los gobiernos locales y de la oposición en el Parlamento.
La última «batalla» que Sánchez se ha visto obligado a librar ha sido la presentación por parte del Partido Popular de una propuesta parlamentaria para convertir la aduana de Melilla en un “espacio aduanero que represente a la Unión Europea”.
Si se aprobara, supondría el colapso del acuerdo «inédito» entre Rabat y Madrid sobre la reapertura de las aduanas comerciales, cerradas desde 2018.
El Partido Popular en el Senado español ha anunciado una propuesta para convertir la aduana comercial de Melilla a una aduana de la Unión Europea, basándose en una decisión anterior de eliminar la exención de visado «Schengen» para entrar en la ciudad.
Esta medida tiene como objetivo presionar a Sánchez y a Marruecos para que modifiquen las condiciones del acuerdo firmado recientemente entre ambos países.
El senador del mencionado partido, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, ha declarado que esta eliminación abriría el camino para «hacer que la frontera de la Unión Europea sea la frontera terrestre entre España y Marruecos».
Considera que esta fórmula está incluida en la Estrategia de Seguridad Nacional de España y que sus medidas incluyen la apertura de las aduanas comerciales y la aplicación del régimen de viajeros en las fronteras de Melilla y Ceuta; medidas que, según él, contribuyen al bienestar social y a la sostenibilidad de las dos ciudades.
Teóricamente, esto significaría que la lista de productos que pueden entrar por las puertas de Ceuta y Melilla no se limitaría a los fabricados localmente, ni siquiera a los productos españoles procedentes de la península, sino a todos los productos que se fabrican en los países de la Unión Europea.
Esto se produce después de que el Partido Popular español también intentara esta semana presionar al gobierno de Sánchez en el asunto de las aduanas comerciales.
El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, declaró el pasado martes, durante su participación en el «Foro Europa» organizado en Madrid, que «el fracaso» del gobierno en la gestión del expediente de las aduanas de Melilla es «una prueba más de que las relaciones con Marruecos se rigen por la ecuación de la orden por la obediencia».
Feijóo considera que Rabat es quien ha «dictado» las condiciones para la reapertura de las aduanas comerciales y que la fórmula acordada se ha impuesto a Madrid.
Ha insistido en la oposición de su partido a la forma en que se acordó la reapertura de las aduanas comerciales a partir de enero de 2025, ya que considera que pone «en peligro la frontera». Ha instado al gobierno de Sánchez a que dé explicaciones al Parlamento por lo que considera «concesiones» a Marruecos.
Feijóo ha afirmado que «el fracaso de Sánchez en la gestión de las aduanas es otra afrenta a nuestro país y una prueba más de que las relaciones con Marruecos se basan en que una parte decide y la otra obedece».
Sin embargo, ha considerado que Melilla es una ciudad «muy afortunada» por tener a «Juan José Imbroda como presidente», calificando a este político del Partido Popular como «una persona con sentido de Estado y con un historial político impecable».
Por su parte, Rabat ha destacado en repetidas ocasiones que está comprometida con la «hoja de ruta» elaborada en abril de 2022 durante la recepción de SM el Rey Mohamed VI al presidente del Gobierno Pedro Sánchez en Rabat.
Así lo manifestó el comunicado del Gabinete Real tras su nueva reunión en febrero de 2024, en el que se hablaba de la continuidad de la dinámica iniciada por la nueva etapa de las relaciones bilaterales, inaugurada desde el encuentro entre el Monarca marroquí y el presidente del gobierno español en abril de 2022, que culminó con la adopción de la declaración conjunta entre ambos países.
Rabat ha confirmado esta postura a Madrid a través de los canales oficiales recientemente, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la anunció ante el Parlamento español a mediados de enero de 2025.
Esto incluye el tercer punto de la declaración conjunta, que establece «la plena reanudación del movimiento regular de personas y mercancías de forma ordenada, incluyendo los arreglos adecuados para el control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo».
Sin embargo, lo que exige Rabat, según han revelado las presidencias de los gobiernos locales de Ceuta y Melilla, es que las mercancías que crucen la frontera hacia el lado marroquí estén fabricadas parcial o totalmente en las dos ciudades, conforme al acuerdo firmado entre ambos países en 1957.
