Rue20 Español/Rabat
Pedro Ignacio Altamirano
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este viernes los acuerdos comerciales de 2019 entre los Veintisiete y Marruecos en materia de pesca y de productos agrícolas, lo que , de forma perjudica de forma grave la economía de la propia Unión.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dar un golpe muy duro al sector pesquero español, de forma más que especial a la andaluza, al tener en consideración y esto es lo más grave, las alegaciones de una banda armada.
En 2019 la banda armada Frente Polisario, que “dice representar al inexistente pueblo del Sáhara Occidental”, interpuso ante el Tribunal General de la UE, primera instancia judicial del club comunitario, una serie de recursos de anulación contra los acuerdos comerciales sobre pesca y agricultura cerrados entre Marruecos y los Veintisiete. Al considerar que la Unión y Marruecos habían celebrado acuerdos aplicables al que la banda denomina “Sáhara Occidental” sin haber obtenido el consentimiento del pueblo saharaui, el Tribunal General en 2021 anuló los acuerdos, aunque mantuvo temporalmente sus efectos.
El pueblo saharaui no existe
Lo más grave de la sentencia es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea toma en consideración las alegaciones de una banda armada que usa niños para la guerra y trata con niñas tal y como se denuncia, de forma continua, en la sesiones de Derechos Humanos en la sede de Naciones Unidas de Ginebra. Del mismo modo sorprende que, se valores a la banda como representante de un pueblo que no existe tal como explico en mi artículo “El Pueblo Saharaui no existe”, pero sobre todo que no se ha tenido en cuenta la opinión de las autoridades autonómicas de las provincias del sur de Marruecos, verdaderos implicados en la pesca del banco sahariano.
Del mismo modo no se ha tenido en consideración de los países importantes en lo político y económico de la propia unión como España, Alemania o de forma reciente Francia, que han reconocido la soberanía del Reino de Marruecos sobre sus provincias del sur, en base a la propuesta autonómica por parte de SM Mohammed VI. Ello contradice, en sí mismo, la acción política y económica de la Unión contra una ilógica resolución judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Marruecos la menos perjudicada
Lo más significativo es pensar que la deliberación de Tribunal perjudique los intereses del Reino de Marruecos. El Reino tiene una lista de países en espera de permisos de pesca en la zona y sustituir la flota de la Unión Europea por la rusa o china. Marruecos no pierde, sino que, además, tiene la oportunidad de negociar al alza, nuevos convenios con nuevos países. Aquí la única perjudicada es la propia Unión Europea que acaba de pegarse un verdadero tiro en su propio pie.
Los acuerdos de pesca entre Marruecos y la Unión Europea suelen deparar unas cifras fáciles de retener. En el último de ellos, ratificado en 2019 y válido por cuatro años, la Unión Europea pagaba a Marruecos 52 millones de euros anuales a cambio de que 128 barcos faenen en sus aguas. El problema ahora es qué coste económico va a tener el mantener esos barcos amarrados en puerto, el futuro de sus armadores y trabajadores.
Una oportunidad perdida
El Ministro de Asuntos Exteriores marroquí Sr. Nasser Bourita proponía una asociación que tenga «más valor añadido» con la Unión Europea (UE) que tenga en cuenta la estrategia nacional de pesca y se tome en cuenta los estudios científicos sobre la protección de los recursos pesqueros del país magrebí, o lo que es lo mismo, la protección biológica del banco de pesca.
Todo ello en base a la nueva situación a partir del reconocimiento de grandes países de la Unión con respecto a las provincias del sur, que ha incrementado de forma exponencial el intercambio comercial Marruecos-Unión Europea, que esta sentencia puede truncar de forma dramática para muchas áreas de cooperación norte-sur.
Un grave error judicial que puede conllevar aún más graves consecuencias económicas. La única alternativa real y efectiva es que la Unión Europea en su conjunto, tanto en al Parlamento de Estrasburgo como en el seno de la Comisión con sede en Bruselas reconozcan, de forma definitiva la soberanía de Reino de Marruecos sobre sus provincias del sur en el Sáhara Marroquí, al mismo tiempo que inscribe a la banda armada del Polisario en la lista de bandas terroristas y por tanto sin ningún derecho de intervención en la Unión Europea.
Sólo de este modo, puede ser recurrida y anulada la sentencia de Tribunal, del mismo modo que se evita que en el futuro, la banda armada del Polisario tenga nada que opinar en nombre de un pueblo que no existe y un territorio que jamás le perteneció.
