Rue20 Español/Casablanca
Su Majestad el Rey Mohammed VI presidió hoy sábado en el Palacio Real de Casablanca un Consejo de Ministros dedicado a la aprobación de las directrices estratégicas de la política de participación del Estado, un proyecto de ley orgánica y varios proyectos de decretos relativos al ámbito militar, además de nombramientos para altos cargos.
En el comunicado leído por el portavoz oficial del Palacio Real, Abdelhak El Merini, la Ministra de Economía y Finanzas presentó al Rey una exposición sobre las directrices estratégicas de la política de participación del Estado, en la que destacó que la reforma del sector de las empresas y entidades públicas responde a las directrices reales y tiene como objetivo remodelar la cartera pública y mejorar su gestión, así como llevar a cabo reformas en algunos sectores clave de la economía nacional, con el fin de garantizar un servicio público accesible y de alta calidad, y acelerar el proceso de elaboración de la política de participación del Estado.
La ministra subrayó que la política de participación del Estado constituye uno de los pilares fundamentales del proyecto de reforma del sector de las empresas y entidades públicas, que será llevado a cabo por la Agencia Nacional para la Gestión Estratégica de las Participaciones del Estado, y que refleja las directrices estratégicas y los objetivos generales de la participación del Estado, su papel en la gobernanza de las empresas y entidades públicas, y la forma de aplicar esta política.
La ministra explicó que la estructuración de la política de participación del Estado se basa en siete directrices estratégicas, la primera de las cuales es la consagración del sector de las empresas y entidades públicas como palanca estratégica para reforzar la soberanía nacional, apoyando los esfuerzos del Estado en una serie de sectores vitales, en particular la energía, la sanidad, el agua, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, las comunicaciones y el transporte.
En segundo lugar, convertir el sector de las empresas y entidades públicas en un motor de integración continental e internacional que contribuya a dar respuesta a los desafíos geoestratégicos, garantice los intereses del Reino y contribuya a reforzar la cooperación Sur-Sur, especialmente con los países hermanos africanos.
En tercer lugar, adoptar el sector de las empresas y entidades públicas como pilar fundamental para el fomento de la inversión privada, mediante el establecimiento de asociaciones voluntarias con el sector privado, en un marco de integración y refuerzo de la contribución del sector privado al dinamismo económico nacional.
En cuarto lugar, consagrar el sector de las empresas y entidades públicas como factor de impulso de una economía competitiva y como medio para compartir el valor añadido y aumentar las oportunidades de empleo productivo, en particular mediante el apoyo a modelos económicos eficaces y flexibles, en consonancia con los requisitos de la legislación, el entorno competitivo y las oportunidades disponibles en los mercados.
En quinto lugar, adoptar el sector de las empresas y entidades públicas como actor activo en materia de justicia territorial y al servicio de la inclusión económica, social, financiera y digital, en el marco de la regionalización avanzada, con el fin de garantizar la justicia territorial y el acceso equitativo de los ciudadanos a servicios públicos de calidad.
En sexto lugar, adoptar el sector de las empresas y entidades públicas como gestor responsable de los recursos, en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible, fomentando la contribución de las empresas y entidades públicas a la promoción de una gestión responsable de los recursos naturales y reforzando la capacidad del país para hacer frente a los desafíos del cambio climático.
En séptimo lugar, reforzar el papel modélico del sector de las empresas y entidades públicas en materia de gobernanza y buen funcionamiento, mediante el establecimiento de una gestión activa de su cartera y el apoyo a sus contribuciones o la elaboración de una política de desinversión en algunas de ellas, con el fin de valorizar de forma óptima los activos materiales e inmateriales de las empresas y entidades públicas y mejorar la eficacia de su rendimiento.
Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de estas directrices estratégicas de la política de participación del Estado, se procedió al estudio y aprobación de un proyecto de ley orgánica que modifica y complementa la ley orgánica relativa al nombramiento para altos cargos. Este proyecto tiene como objetivo añadir varias instituciones a la lista de instituciones públicas estratégicas cuyo nombramiento se debate en el Consejo de Ministros.
Se trata de la Agencia de Desarrollo del Alto Atlas, la Agencia Nacional de Apoyo Social, la Alta Autoridad de la Salud, los grupos sanitarios territoriales, la Agencia Marroquí de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Agencia Marroquí de Sangre y Derivados.
También se ha suprimido el «Instituto Superior de la Judicatura» de la lista de instituciones públicas estratégicas, por lo que el nombramiento del director de esta institución lo realizará el Rey, a propuesta del presidente delegado del Consejo Superior del Poder Judicial, de conformidad con las disposiciones de la ley relativa a la reorganización de este Instituto.
Se ha añadido el puesto de «Presidente del Consejo General de Desarrollo Agrícola» a la lista de altos cargos de las instituciones públicas que se debaten en el Consejo de Gobierno.
