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viernes, noviembre 22, 2024

Elecciones generales en España: dos proyectos políticos a prueba

 

Rue20 Español/ Rabat

 

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Omar EL MRABET

 

 

Un total de 37.466.432 españoles acudirán este domingo a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado. Celebradas por primera vez en plena temporada estival, estas elecciones decidirán cómo se gobernará España durante los próximos cuatro años, con una lucha encarnizada entre dos bloques que representan dos proyectos de país.

 

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Por un lado, el bloque de izquierdas liderado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuyo objetivo es repetir el gobierno de coalición «progresista» que estuvo en el poder durante la pasada legislatura, y, por otro, el bloque de derechas liderado por el Partido Popular (PP), que busca un cambio de ciclo político, impulsado por sus resultados en las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo.

 

Como en cada campaña electoral, los partidos políticos ya han publicado sus cartas de presentación ante la opinión pública: Los programas electorales.

 

Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) son los abanderados de estos cientos de páginas, que recogen los distintos planes de sus partidos para España en ámbitos como las pensiones, la vivienda, la sanidad, el crecimiento económico o la igualdad.

 

En un documento de 272 páginas, el PSOE presentó su programa electoral, que servirá de base para que Pedro Sánchez siga gobernando España durante los próximos cuatro años.

 

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El programa del Partido Socialista se presenta como un resumen de los logros del primer gobierno de coalición, así como propuestas que, según se dice, representan la continuidad. «Adelante» es el título del compromiso escrito del PSOE, cuyas medidas se dividen en siete bloques.

 

En el ámbito económico, por ejemplo, los socialistas proponen seguir subiendo las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), reformar los planes de protección activa de los parados de larga duración, evaluar los resultados del impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas y, en su caso, abrir un debate sobre la tributación del patrimonio.

 

El PSOE defiende la introducción de un pacto para reducir el paro estructural al 8%, un plan de choque contra el desempleo juvenil y un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para mantener el nivel recomendado por la Carta Social Europea.

 

En materia sanitaria, Pedro Sánchez se compromete a acabar por ley con las listas de espera (operaciones en 120 días, consultas de especialistas en 60 días y análisis en 30 días en toda España) y a promover el derecho a una salud mental universal, pública y de calidad.

 

“Un proyecto para un gran país» es el lema del programa electoral del PP, un documento de poco más de 100 páginas que contiene 365 medidas concebidas para atraer a los votantes.

 

El programa con el que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo pretende llegar a La Moncloa (sede del gobierno) propone reformas, modificaciones y derogaciones de leyes dirigidas a la educación, el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los indultos y la memoria democrática, entre otros objetivos.

 

En materia de empleo y actividad económica, el PP reclama la financiación de las pymes permitiendo el acceso a fuentes de financiación alternativas a las bancarias, la reforma integral de las políticas activas de empleo, la ampliación y mejora de la calidad de la oferta formativa, la introducción de nuevas herramientas de flexibilidad para los trabajadores y un plan de lucha contra el desempleo femenino destinado a reducir a la mitad la brecha de participación en el mercado laboral a lo largo de la legislatura.

 

Los «populares» apuestan también por una reforma integral del sistema fiscal basada en criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad de los servicios públicos para proteger el ahorro y la inversión y fomentar la creación de empleo.

 

También abogan por la elaboración de un plan de choque sanitario que resuelva el grave problema de la escasez de especialistas, un plan nacional contra las agresiones a los profesionales sanitarios y una nueva ley general de sanidad.

 

 

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