Rue20 Español/ Rabat
Tras cinco meses del estallido de la crisis diplomática hispano-marroquí desatada por la entrada clandestina del presunto líder del Polisario, Brahim Ghali, a España bajo una identidad falsa, el Caso Gali sigue abierto dentro de las oficinas de la Justicia y fuera, dentro de la prensa y fuera, dentro del la Moncloa y fuera.
Un rompecabezas «made in Argel-Madrid» que sigue perjudicando a la imagen de España. Una vez imputada la ex ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, por su posible implicación en el Caso Gali, Piden que Carmen Calvo, ex vicepresidenta primera del Gobierno, comparezca también ante el juez por la entrada de Brahim Ghali en España, según el diario El Mundo.
Se solicita que lo haga en calidad de testigo para que, según el escrito al que ha tenido acceso El Mundo, y explique si ordenó algún tipo de gestión o por qué sospechaba que el histórico dirigente saharaui iba a entrar en el país tres días antes de que aterrizara en la base militar de Zaragoza.
Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, intentó ayer miércoles quitarle importancia a lo que están pasando con sus ex pupilas.
Desde Nueva York, dónde ha pronunciado hoy su discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Sánchez respondió en rueda de prensa, acerca del Caso Ghali, que su Ejecutivo “hizo lo que debía y cómo debía”. Ha agregado que la decisión estuvo “de acuerdo con la ley”.
Sobre si Laya está pagando los platos roto de una decisión desmedida de su Gobierno, Sánchez alegó: “Recuerdo que hubo una petición humanitaria para salvar la vida de una persona. De no dar esta respuesta, esa persona habría muerto”.
Al fin al cabo, Pedro Sánchez no tuvo el coraje de confirmar quién dio luz verde a la entrada de Gali, un criminal de guerra, a España el 18 del pasado abril.
