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El proyecto estratégico del gasoducto Nigeria-Marruecos entra en una etapa determinante tras años de preparación técnica y concertación diplomática, con el inicio de su fase de estructuración financiera y el respaldo firme de la CEDEAO, que refuerza su dimensión regional.
Con una inversión estimada en 25.000 millones de dólares y una longitud cercana a los 6.900 kilómetros, esta infraestructura energética aspira a conectar los yacimientos gasísticos de África Occidental con Marruecos, abriendo la puerta a una futura interconexión con el mercado europeo. El proyecto se perfila así como uno de los más ambiciosos del continente, tanto por su alcance geográfico como por su impacto económico.
En el centro de esta nueva fase figura la creación de una sociedad de proyecto (Special Purpose Vehicle, SPV), concebida para pilotar el montaje financiero y la ejecución operativa. Esta entidad será constituida como una empresa conjunta entre la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas y la Nigerian National Petroleum Company, y tendrá como misión coordinar la movilización de recursos, supervisar las obras y garantizar la viabilidad del proyecto.
Este esquema responde a estándares internacionales en grandes infraestructuras, permitiendo aislar riesgos y ofrecer mayor transparencia a los inversores potenciales. No obstante, fuentes del sector subrayan que aún no se han formalizado compromisos financieros definitivos, a la espera de la constitución oficial de la SPV y su validación por las autoridades competentes.
Más allá de su dimensión energética, el gasoducto está concebido como un corredor de desarrollo para los países atravesados, con el objetivo de impulsar la electrificación, favorecer la industrialización y mejorar el acceso a la energía en la región. En este sentido, Marruecos se posiciona como un nodo estratégico entre África y Europa en materia de intercambios gasísticos.
El avance institucional del proyecto se vio reforzado por la firma del acuerdo intergubernamental durante la cumbre de la CEDEAO en diciembre de 2024, cuya ratificación se prevé para 2026. Este marco contempla la creación de una Alta Autoridad del Gasoducto, encargada de la coordinación política entre los países implicados, así como de la propia sociedad de proyecto para la gestión operativa.
A pesar de estos progresos, el proyecto sigue enfrentando desafíos significativos, tanto en el plano financiero como regulatorio. La próxima etapa será decisiva para transformar el impulso político en una realidad industrial concreta, en un contexto en el que el gasoducto podría redefinir el panorama energético de África Occidental y consolidar el papel de Marruecos como plataforma energética regional.
