Rue20 Español/Ciudad de México
Moisés Amselem Elbaz*
Desde mi lugar como ciudadano residente en México, observador y sobre todo respetuoso de la tierra que me acoge, me dirijo a los lectores con una reflexión que trasciende la coyuntura política. El reciente caso de Chihuahua, donde agentes extranjeros presuntamente actuaron al margen de la ley mexicana, no es simplemente un incidente de seguridad. Es un recordatorio urgente de un principio sagrado para cualquier nación: la soberanía no es un tema de negociación.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con una claridad que merece ser reconocida, más allá de las simpatías o antipatías partidistas. Su mensaje ha sido consistente: hay reglas, hay leyes, y un marco constitucional que todos, gobernadores de oposición incluidos, están obligados a seguir cuando se trata de la seguridad nacional y las relaciones con el exterior. Al exigir explicaciones a la gobernadora de Chihuahua y recordar a todos los estados el protocolo legal, el gobierno federal no está ejerciendo un capricho autoritario; está cumpliendo con su deber primario de custodiar la integridad y la autodeterminación de México.
Aquí no se discute la eficacia de la colaboración internacional, ni se menosprecian los logros en seguridad que puedan existir. La cooperación con Estados Unidos es necesaria y debe continuar. El punto, que parece perderse en el ruido político, es infinitamente más profundo: ¿a qué precio? La historia de México está escrita con la tinta de la resistencia a la intervención extranjera. Cuando la presidenta Sheinbaum recuerda que “al pueblo de México le ha costado sangre la defensa de la soberanía”, no hace retórica vacía. Evoca una memoria colectiva que explica la sensibilidad nacional ante cualquier sombra de injerencia.
Como ciudadano, creo firmemente que un gobierno elegido democráticamente merece un apoyo base de respeto y legitimidad. Se le critica, sí, cuando haya motivo, pero desde la lealtad a la nación y sus instituciones, no desde la desestabilización o el desprecio al Estado de Derecho. Lo ocurrido en Chihuahua parece tocar esa fibra: la posibilidad de que autoridades subnacionales establezcan vínculos operativos directos con agencias de gobiernos extranjeros, soslayando los canales federales designados por la ley.
Este no es un tema “morenista” ni “panista”. Es mexicano. La Ley de Seguridad Nacional y la Constitución no tienen color partidario. Establecen, con toda razón, que la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas de la federación para evitar precisamente esto: que la unidad de acción del Estado mexicano se fragmente y que potencias extranjeras encuentren puertas laterales de influencia.
El llamado del gobierno federal a apegarse a estos marcos no es una derrota para la seguridad; es la condición para que la colaboración internacional sea sostenible y respetuosa. Es la diferencia entre cooperación entre socios y subordinación de facto. El mensaje enviado a Washington y a todos los estados de la República debe ser claro y unánime: México colabora, pero desde la dignidad y el estricto cumplimiento de sus propias leyes.
Por ello, apoyo la postura de exigir cuentas claras en este asunto. No por afán de confrontación, sino por convicción de que fortalecer la institucionalidad interna es el primer paso para tener relaciones exteriores firmes. Un México que no defiende sus propias reglas en casa no puede esperar que los demás las respeten.
A la oposición política le corresponde un papel constructivo: vigilar y criticar los fallos del gobierno, pero también entender que en ciertos principios, como la defensa de la soberanía y la legalidad, las trincheras partidistas deben disolverse para dar paso a una sola voz nacional. Al gobierno federal, le corresponde actuar siempre con transparencia y rectitud en este proceso, para que la defensa de la ley no sea percibida nunca como una herramienta de persecución política.
En conclusión, este incidente, más que un escándalo, es una oportunidad. Una oportunidad para que México, desde sus autoridades hasta sus ciudadanos, reafirme que su destino se decide dentro de sus fronteras, por sus instituciones y bajo sus leyes. Ese es el significado verdadero de la soberanía. Y eso, efectivamente, no se negocia.
