Rue20 Español/Tetuán
Mohamed Benabdelkader*
La prensa española, en el tratamiento de la visita del ministro de Asuntos Exteriores español José Manuel Albares a Argelia los días 26 y 27 de marzo de 2026, presentó este episodio diplomático como un éxito simbólico de reconciliación entre ambos países, marcando el fin de la crisis abierta en 2022 tras el cambio de posición del gobierno de Pedro Sánchez, que había optado por apoyar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara. Al contextualizar dicha visita, algunos medios españoles criticaron sobre todo la dependencia energética de España y presentaron la reconciliación como la reparación de un error propio del gobierno de Sánchez, mientras que otros subrayaron que Argel se había vuelto «más pragmática», bajo la presión estadounidense y a causa de su propia crisis con Francia, sin insistir demasiado en el hecho de que España no había cedido ni un ápice en su posición, continuando considerando el plan marroquí de autonomía como «la base más seria, realista y creíble». En general, la cobertura mediática de esta visita priorizó el beneficio inmediato, especialmente el gas argelino, que representa aproximadamente el 35 % de las importaciones, en un contexto de tensión energética mundial, enmarcando así el restablecimiento de las relaciones bilaterales como un acuerdo pragmático y mutuamente ventajoso.
Dos modos diplomáticos de gestión de crisis
En su tratamiento mediático de la visita de José Manuel Albares a Argel, la prensa española parece perder una excelente oportunidad para analizar dos modos claramente distintos de gestionar una crisis diplomática. El primero consiste en provocar la crisis mediante una posición impulsiva de chantaje y escalada en nombre de una causa perdida, para luego intentar salir de ella a toda costa, priorizando la reparación de los daños económicos y la restauración de la cooperación, sin necesariamente cuestionar las razones de la decisión inicial. El segundo modo consistiría en establecer de manera firme y asumida la causa nacional como prisma principal a través del cual el país interpreta su entorno internacional, sin ceder a la tentación de una escalada innecesaria ni a la de un pragmatismo puramente transaccional.
Durante la crisis con Marruecos (provocada en 2021 por la acogida en España del jefe de la banda Polisario), Rabat mantuvo una posición firme y prolongada, congeló las relaciones, retiró a su embajadora y no declaró la crisis concluida hasta obtener una contrapartida política clara. Marruecos solo dio por terminada la crisis cuando Pedro Sánchez modificó de manera explícita la posición tradicional española a favor del plan marroquí de autonomía, el 18 de marzo de 2022; El País titulaba así: «Rabat da por cerrada la crisis después de que Sánchez calificara la propuesta de autonomía marroquí como la “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto.
En cambio, durante la crisis con Argelia (provocada también en 2022 por ese mismo viraje español a favor de Marruecos), Argelia rompió el tratado de amistad, retiró a su embajador y congeló buena parte de la cooperación bilateral. Sin embargo, cuatro años después, los 26‑27 de marzo de 2026, Argelia decidió reactivar el tratado de amistad y cooperación y considerar superada la crisis, sin que España hubiera cambiado ni un ápice su posición sobre el Sáhara. El País reflejaba así esta realidad en un titular del 27 de marzo último: “Argelia da por superada la crisis diplomática por el Sáhara y refuerza la cooperación en materia de energía con España”, sin explicarnos cómo, precisamente, se ha superado dicha crisis ni a qué ha servido esa tensión provocada por Argelia en reacción a una posición soberana de España sobre un conflicto del que Argelia pretende no ser parte.
Esta diferencia es manifiesta: mientras Marruecos condicionó la restitución completa de las relaciones a un cambio concreto de la posición española (obteniendo así una victoria diplomática tangible), Argelia optó por un enfoque más hipócrita, priorizando sus intereses energéticos, comerciales y de estabilidad regional en detrimento de su querido «pueblo saharaui». En este segundo caso, no hubo contrapartida política visible para Argelia respecto a esa causa del Sáhara que pretende defender con firmeza y sin concesiones; simplemente se «pasó página» mediante la reactivación del tratado y el anuncio de una «nueva etapa» en la relación.
Esta asimetría ilustra cómo cada país utiliza sus palancas diplomáticas de forma distinta: Marruecos mostró una mayor capacidad para mantener con calma la tensión hasta obtener un ajuste de la posición española, mientras que Argelia, pese a su ruidosa retórica de principios, acabó dando prioridad al negocio sin exigir, ni obtener públicamente, una rectificación por parte de Madrid respecto al Sáhara.
En definitiva, los dos titulares de El País, separados por cuatro años, resumen con precisión esta disparidad: en un caso hubo una rectificación española para cerrar la crisis, en el otro, una reconciliación sin contrapartida aparente en el litigio del Sáhara.
Estos dos casos de decisión diplomática en contextos de crisis invitan a reflexionar sobre la manera en que las posiciones adoptadas en las relaciones internacionales no representan solo reacciones coyunturales, sino actos constitutivos: contribuyen a definir qué pretende defender, negociar o imponer el Estado en la escena mundial, y a precisar dónde se sitúa con respecto a los demás actores en un contexto geopolítico concreto.
Las posiciones que los Estados adoptan, declaran y negocian en sus prácticas diplomáticas encarnan su voluntad política sobre un tema determinado, representan a la vez sus intereses nacionales y sus compromisos políticos o jurídicos. Una posición estatal traduce en general los intereses estratégicos, económicos, de seguridad o ideológicos de un país, ya se trate de defender su soberanía, proteger sus recursos o promover un determinado orden de valores. Cuando se formaliza en forma de declaración oficial, resolución o tratado, esta posición puede generar obligaciones o compromisos frente a otros Estados o a organizaciones internacionales.
Las declaraciones de posición constituyen así instrumentos esenciales para negociar la cooperación o el conflicto: los Estados las movilizan para buscar compromisos, evitar la guerra, establecer reglas (normas, acuerdos, tratados) u organizar su competencia por la influencia. Además, al repetir ciertas posiciones y negociarlas a largo plazo, los Estados contribuyen progresivamente a la construcción del orden internacional, dando forma a reglas consuetudinarias, normas jurídicas y prácticas diplomáticas compartidas.
Ética de convicción, ética de responsabilidad
Ante la gran diversidad de contextos y retos geopolíticos, donde los intereses nacionales, las ideologías y las restricciones externas se entrelazan sin cesar, surge una pregunta de fondo: es posible establecer una tipología de las posiciones adoptadas por los actores internacionales, más allá de la oposición clásica entre firmeza y flexibilidad? En otras palabras, cómo dar cuenta de las posturas políticas de los Estados, no solo a partir de sus declaraciones oficiales, sino también en función de la manera en que articulan (o disocian) principios y consecuencias, convicciones y cálculos, posturas simbólicas y ajustes realistas?
Max Weber podría iluminarnos de manera particularmente adecuada sobre esta cuestión: en El político y el científico, distingue claramente dos lógicas éticas: la ética de la convicción, que consiste en actuar conforme a principios absolutos sin preocuparse de las consecuencias, y la ética de la responsabilidad, que exige responder de las consecuencias previsibles de los actos. Según Weber, el verdadero político debe intentar conciliar ambas: puede aceptar el uso de medios moralmente cuestionables, incluso comprometidos, pero únicamente al servicio de fines que está dispuesto a asumir públicamente y de cuya responsabilidad histórica acepta hacerse cargo.
Comprender la toma de posición entre ética de la responsabilidad y ética de la convicción consiste en medir a partir de qué criterio último se fundamenta la decisión: la absoluta coherencia con los propios principios o la consideración de las consecuencias previsibles de la acción
Cuando un actor estatal adopta una posición en la lógica de la ética de la convicción, actúa de acuerdo con sus valores, aunque los efectos de su decisión sean negativos o imprevisibles, asume la «pureza» de su intención, sin pretender necesariamente controlar ni justificar el resultado. En cambio, cuando adopta una posición en la lógica de la ética de la responsabilidad, elige anticipando y aceptando las consecuencias posibles de su acción; reivindica sus fines y se siente responsable de lo que acontecerá, teniendo en cuenta el impacto sobre los demás y sobre el orden internacional.
Para articular en la práctica la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, en primer lugar, es necesario interrogar la jerarquía de los propios valores y preguntarse: «Estoy defendiendo aquí un principio intangible o puedo aceptar transigir para limitar el mal?». Esto permite distinguir las situaciones en las que se opta por una línea de convicción, por ejemplo, al rechazar un compromiso considerado moralmente inaceptable, de aquellas en las que se adopta una lógica de responsabilidad, aceptando un acuerdo imperfecto para evitar la guerra o prevenir una crisis social. Después, se trata de evaluar seriamente las consecuencias posibles de la acción preguntándose: «Cuáles serían los efectos probables para los demás, para la paz, la justicia y la estabilidad?».
De hecho, la ética de la responsabilidad no significa renunciar a las convicciones, sino integrar en la decisión un juicio sobre esas consecuencias, incluso a costa de adaptar los medios o de ralentizar el ritmo de la acción, de ahí la pertinencia de aceptar el conflicto entre las dos lógicas, Weber insiste en una tensión irreductible entre convicción y responsabilidad, dos opciones que nunca son neutras ni tampoco excluyentes. Coexisten a menudo en la misma decisión e incluso se contradicen, lo que obliga al actor a elegir, explicitar y asumir la prioridad que otorga a una u otra. Weber muestra así que la política nunca se sitúa en un entre‑medio liso, sino en un conflicto permanente entre la fidelidad a los principios y la consideración de las consecuencias, cada elección dejando rastros morales y prácticos sobre la conducción de la acción pública.
Comprender la toma de posición diplomática entre ambas éticas equivale a estructurar la reflexión en torno a dos preguntas: «Estoy dispuesto a asumir las consecuencias de lo que hago?» y «Permanezco fiel a lo que considero justo, aunque me cueste caro?», para luego explicitar públicamente la opción elegida. Esta exigencia de aclaración interpela profundamente la acción diplomática de Argelia en el dossier del Sahara, donde la responsabilidad y la convicción no deberían reducirse a simples opciones retóricas, sino constituir orientaciones fundantes capaces de estructurar la coherencia de su política exterior y la credibilidad de sus posiciones diplomáticas.
Ni convicción ni responsabilidad
En este contexto, las posiciones expresadas por el poder argelino sobre el Sahara, en particular respecto a los Estados que adoptan posturas pro-marroquíes, no solo traducen de manera ejemplar una lógica de «dos pesos, dos medidas», sino que ilustran perfectamente esta dualidad entre ética de responsabilidad y ética de convicción. En marzo de 2022, Madrid reconoce abiertamente la propuesta marroquí de autonomía para el Sahara; Argelia reacciona entonces en lo que parecía un modo de ética de convicción, desplegado en una ruptura simbólica (suspensión del tratado de amistad), una afirmación de principios y un compromiso histórico. En marzo de 2026, cuando Argelia reactiva el acuerdo de amistad y cooperación sin que España haya renunciado a su posición pro-marroquí, acepta un desacuerdo político profundo con el único fin de preservar (e incluso impulsar) unos intercambios comerciales y energéticos vitales.
No se trata pues de una auténtica ética de la convicción, ya que Argelia no consigue cambiar la posición española y termina aceptando una contradicción entre sus principios declarados y sus acciones reales. Tampoco es una ética de la responsabilidad en sentido weberiano, porque el argumento dominante no es el de la responsabilidad deliberada de las consecuencias, sino más bien un retorno, algo humillante, a la realidad de las limitaciones y de las presiones estructurales.
En este tipo de situación, la toma de posición pierde gran parte de su dimensión ética y se acerca más a una lógica de mercado, en la que el régimen argelino pretende exhibir una postura de convicción (firme defensa de la causa del Sahara, ruptura diplomática) para acabar volviendo atrás porque no dispone de los medios para sostener a largo plazo su supuesta posición de principio. Los gestos simbólicos sustituyen así a los compromisos reales, y las declaraciones firmes se deshacen discretamente en el momento en que se vuelven económica o estratégicamente costosas. La diplomacia argelina se mueve entonces en un espacio de retractación permanente: no se sostiene a la altura de una ética de la responsabilidad, que supone el dominio de las consecuencias y una coherencia entre la palabra y la acción, ni a la de una ética de la convicción, que exige la capacidad de soportar el aislamiento o la pérdida con tal de permanecer fiel a los propios principios.
En definitiva, esta práctica lleva a Argelia a un estado de flotamiento permanente, en el que sus posiciones diplomáticas oscilan entre imagen y realidad, entre discurso ideal y cálculo interesado, sin lograr fijarse en una postura claramente asumida. Permanece atrapada en una zona de difusa ética: ni actor regional dotado de un sentido de responsabilidad asumida, ni liderazgo político portador de convicciones creíbles, simplemente una junta militar que gestiona las apariencias antes que los principios y las consecuencias; un actor que, por su propia incoherencia, se autoexcluye tanto del campo de la ética diplomática como del de la influencia estratégica.
*Mohamed Benabdelkader, exministro de Justicia, Doctor en Ciencias de la Información y la Comunicación.
