Rue20 Español/Rabat
En el fútbol africano, donde las tensiones deportivas suelen entrelazarse con disputas administrativas y jurídicas, la reciente actuación de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) en el Stade de France abre un debate que va más allá del terreno de juego: el respeto a las instituciones que rigen la competición.
La exhibición del trofeo de la CAN 2025 durante un partido amistoso frente a Perú, en un contexto donde la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ya había asignado el título a Marruecos tras una decisión disciplinaria, no puede interpretarse como un simple gesto simbólico o festivo. Se trata, en esencia, de una puesta en escena que entra en colisión directa con el marco reglamentario de la competición.
La FSF, al mostrar públicamente un trofeo cuyo destino está oficialmente cuestionado y bajo procedimiento jurídico, no solo desafía una resolución administrativa, sino que introduce un elemento de deslegitimación institucional que erosiona la credibilidad del sistema.
El fútbol, como cualquier disciplina organizada, depende de la aceptación de normas comunes; cuando una federación decide ignorarlas de forma tan visible, el mensaje es inequívoco: la autoridad del órgano rector puede ser relativizada.
Más preocupante aún es la normalización del gesto. La vuelta de honor, la exhibición del trofeo por parte de los jugadores y su posterior presentación ante la tribuna presidencial convierten un acto protocolario en una afirmación política.
No se trata aquí de pasión deportiva ni de celebración espontánea, sino de una narrativa cuidadosamente escenificada que choca frontalmente con el principio de ejecución de decisiones reglamentarias.
El argumento de que el asunto se encuentra en manos del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no atenúa la gravedad del episodio. Precisamente porque existe un proceso en curso, la prudencia institucional debería haber sido la norma.
Anticipar celebraciones sobre un título aún litigioso no fortalece la posición de ninguna federación; por el contrario, la debilita ante los órganos de justicia deportiva, que valoran no solo los argumentos jurídicos, sino también la conducta de las partes implicadas.
En este contexto, la FSF parece haber confundido la defensa de sus intereses con la exhibición pública de una certeza que aún no existe.
Esa confusión, en términos institucionales, es peligrosa. El fútbol moderno no se sostiene únicamente sobre el talento o la tradición, sino sobre la credibilidad de sus estructuras decisorias. Cuando esa credibilidad se pone en entredicho, el daño trasciende cualquier rivalidad deportiva.
Conviene subrayar, sin embargo, que este análisis no debe trasladarse al conjunto de un país ni a su afición, que no son responsables de las decisiones de sus dirigentes deportivos. La crítica se circunscribe estrictamente al plano institucional y a la responsabilidad de quienes gestionan el fútbol federado.
El caso, ahora en manos del TAS, marcará un precedente no solo jurídico, sino también ético. Porque más allá del veredicto final, queda una pregunta incómoda: ¿Hasta qué punto pueden las federaciones actuar como si las normas fueran opcionales cuando el resultado no les favorece?
En esa respuesta se juega algo más que un trofeo. Se juega la integridad del sistema.
