Rue20 Español/Washington
Samir Bennis*
En su cobertura mediática de la cuestión del Sáhara, el periódico español El País, al igual que la inmensa mayoría de los medios españoles, se empeña en tratar el conflicto con el mismo sesgo habitual que ha caracterizado su tratamiento del diferendo durante más de cinco décadas: que Marruecos ocuparía el Sáhara en contravención del derecho internacional y que el Polisario sería el legítimo representante de un verdadero y auténtico pueblo “saharaui”.
Pese a los avances que el diferendo ha conocido desde el punto de vista jurídico en los últimos años y al aumento inexorable del apoyo internacional a la soberanía marroquí sobre el Sáhara, El País sigue empeñándose en analizar el conflicto desde el mismo prisma obsoleto que prevaleció entre los años setenta del siglo pasado y principios de este siglo. Dicho de otra manera, continúa transmitiendo a su audiencia nacional e internacional que la naturaleza del diferendo sigue siendo la misma que hace cinco décadas y que las Naciones Unidas no contemplan otra solución que un referéndum en el que los saharauis pudieran elegir entre asociarse con Marruecos u optar por la independencia.
Una breve historia del carácter irreversible del impulso diplomático marroquí
Desde octubre de 2018 hasta hoy día ha habido una retahíla de acontecimientos políticos que han cambiado la dinámica del diferendo de manera inexorable a favor del plan de autonomía marroquí, enterrando las ambiciones separatistas de Argelia y del Polisario.
El primer acontecimiento fue la adopción por el Consejo de Seguridad de la Resolución 2440 en octubre de 2018, en la que el máximo órgano de la ONU reconoció que Argelia es parte integrante del diferendo, instándola a participar en mesas redondas con el fin de alcanzar una solución política mutuamente aceptable. Además, dicha resolución subrayó tajantemente la necesidad de “alcanzar una solución política realista, viable y duradera a la cuestión del Sáhara Occidental basada en el compromiso”. Este énfasis implicó que el referéndum ya no se consideraba una opción viable susceptible de ayudar a las partes a alcanzar una solución política realista.
El 10 de diciembre de 2020, el diferendo sobre el Sáhara conoció un hito histórico mayor cuando los Estados Unidos decidieron reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara, haciendo hincapié en que el plan de autonomía marroquí constituye la única vía posible para la consecución de una solución política. Desde entonces, varios países europeos, al constatar que la dinámica diplomática a favor del plan de autonomía marroquí era irreversible, decidieron seguir los pasos de Estados Unidos. Primero fue el gobierno español, que, tras una crisis diplomática muy aguda con Marruecos que duró un año, dio el paso histórico en marzo de 2022 mediante una carta del presidente del Gobierno español al rey Mohammed VI. En dicha carta, el jefe del Ejecutivo reconoció el plan de autonomía marroquí “como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”.
Dos años después, más precisamente el 31 de julio de 2024, y también tras una crisis diplomática sin precedentes con Francia, el presidente francés, Emmanuel Macron, fue un paso más allá que España al reconocer la plena soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Y para coronarlo todo, el Reino Unido también salió de su zona de confort en junio del año pasado, expresando su claro apoyo al plan de autonomía. Con el respaldo conjunto de Estados Unidos y de las tres potencias coloniales que influyeron en el devenir del territorio a principios del siglo XX a la soberanía marroquí sobre el Sáhara, ya no cabían dudas de que la comunidad internacional había terminado por reconocer un secreto a voces: que el establecimiento de un Estado independiente al sur de Marruecos no solo es inviable, sino que podría redundar en una desestabilización duradera de la región.
La guinda del pastel llegó con la adopción de la Resolución 2797 en octubre de 2025, que formalizó el respaldo internacional al plan marroquí de autonomía y subrayó que una solución al diferendo solo podía concebirse en el marco de la soberanía de Marruecos. Como subrayé en mi libro de 2024 sobre el diferendo del Sáhara, The Self-Determination Delusion, esta resolución fue tanto el resultado inevitable de un proceso político que comenzó en el Consejo de Seguridad con la adopción de la Resolución 2440 en octubre de 2018, como el desenlace lógico de los avances políticos acumulativos que Marruecos ha logrado a nivel bilateral durante las últimas dos décadas.
A la luz de los profundos cambios que ha conocido el diferendo desde hace casi una década, cabría esperar que la prensa española —y, por extensión, la prensa internacional— adaptara su discurso y su narrativa a la nueva realidad política y también jurídica del conflicto. Hay que decirlo con la máxima rotundidad posible: la Resolución 2797 ha zanjado de una vez por todas el debate jurídico sobre el conflicto. Siendo el único órgano con potestad jurídica para encauzar el diferendo hacia una solución definitiva, con la adopción de su última resolución el Consejo de Seguridad ha afirmado de manera clara y explícita que el plan de autonomía marroquí, dentro de la soberanía de Marruecos, constituye la única base para alcanzar una solución política al diferendo.
Aun así, el periódico El País, al igual que otros medios españoles, sigue negándose a aceptar la realidad. En lugar de actualizar su análisis y su comprensión del conflicto, continúa difundiendo medias verdades y groseras falsedades. Por ejemplo, persiste en afirmar que el Polisario controlaría el 20 % del territorio mientras Marruecos controlaría el 80 %, lo cual constituye un disparate descomunal y una falsedad absoluta. Asimismo, sigue utilizando expresiones como “la ONU sigue considerando el Sáhara como territorio no autónomo pendiente de descolonización”, como si las resoluciones del Consejo de Seguridad no tuvieran ningún valor jurídico o como si la Asamblea General fuese el órgano de la ONU encargado del diferendo.
Cuando El País reconocía la soberanía marroquí en el Sáhara
Ahora bien, el empecinamiento del periódico El País en utilizar una narrativa manida contrasta con la verdad histórica sobre el diferendo contenida en los archivos de un diario homónimo que existió desde finales del siglo XIX hasta 1921. Lo que El País, al igual que otros órganos de prensa españoles y buena parte de la élite política y mediática española, se ha negado a admitir por razones políticas e ideológicas es que hubo un acontecimiento histórico, entre mayo de 1896 y 1897, que desmantela por completo el relato español difundido durante más de un siglo, según el cual el Sáhara no formaba parte de la soberanía marroquí.
En mayo de 1896, un comerciante austríaco llamado Nehling, que se hacía pasar por médico en la corte real marroquí bajo el nombre ficticio de Abdelkrim Bey, afirmó poseer una concesión que le otorgaba el monopolio del comercio en el Sáhara, denominado en la jerga occidental de la época como “El Sous”, y la vendió a una compañía británica llamada The Globe Venture Syndicate in London (GVSL). Esta compañía pretendía ostentar potestad exclusiva para las importaciones, así como derechos de explotación minera en Ued Nun y la facultad de adquirir bienes inmuebles. Además, la GVSL sostenía que dicha concesión le había sido otorgada por un consejo de jefes independientes del sultán de Marruecos.
Por su parte, el gobierno británico no dio crédito a tales afirmaciones, ya que era plenamente consciente de que el gobierno marroquí de la época prohibía a los extranjeros comerciar con los habitantes del territorio. Dado que la iniciativa de la compañía británica era contraria tanto al espíritu como a la letra del Acuerdo del 13 de marzo de 1895 firmado entre Marruecos y el Reino Unido, acuerdo que reconocía la soberanía marroquí sobre dicho territorio, el gobierno británico desaprobó la operación e instó a los promotores de la empresa a desistir y a no aventurarse a entrar en el territorio ni realizar actividad alguna sin la previa autorización del gobierno marroquí.
Ignorando las advertencias tanto del gobierno británico como del gobierno marroquí de no acercarse al territorio ni desarrollar actividades comerciales en él, Arthur Gibbon Spilsbury, miembro de la GVSL, decidió iniciar sus operaciones mercantiles con los habitantes de la zona. Su primera acción tuvo lugar en agosto de 1897, cuando envió un cargamento de municiones a bordo de un barco de vapor llamado The Tourmaline. Sin embargo, su intento no pudo terminar peor: nada más arribar la embarcación, en la que viajaba Spilsbury, un vapor marroquí la estaba esperando con el objetivo de arrestar a la tripulación y trasladarla a Essaouira. La aventura concluyó con el regreso precipitado de Spilsbury a su país, donde fue cesado del ejército y arrestado dos años más tarde a instancias del gobierno marroquí. Posteriormente fue juzgado por un tribunal en Gibraltar.
Lo más relevante de este episodio histórico, que corrobora una vez más la soberanía marroquí sobre el Sáhara antes de su ocupación nominal por España en 1884, es la actitud de la prensa española de la época, la cual no hacía sino reflejar los temores del gobierno español ante lo sucedido con la expedición de Spilsbury. Y es que en pleno debate acerbo en toda Europa a raíz de la controversia causada por la expedición ilegal de Spilsbury en el Sáhara, la prensa española expresó el temor de que la acción de este último afectara las reivindicaciones territoriales de España al sur de Marruecos, derivadas del Tratado de Tetuán de 1860.
En dicho tratado, que Marruecos fue forzado a negociar y firmar bajo la amenaza del gobierno español, Marruecos se comprometió a ceder a España lo que llamaba Santa Cruz de Mar Pequeña, una pesquería que España pretendía haber establecido al sur de Marruecos hacia el año 1476, antes de su desmantelamiento debido a la resistencia de las tribus locales. España venía tratando de lograr este objetivo desde el Tratado de Paz y Amistad firmado con Marruecos en mayo de 1767. Pero todos sus intentos cayeron en saco roto debido al rechazo y evasivas de Marruecos. Y dada la importancia de los bancos pesqueros de todas las aguas del Sáhara para la alimentación de la población de las Islas Canarias, así como para garantizar su seguridad, España quería utilizar su presencia en Santa Cruz de Mar Pequeña- que luego fue identificada como Sidi Ifni y ocupada efectivamente en 1934- como trampolín para ocupar toda la zona del Sáhara, o lo que en la jerga occidental ha venido llamándose Sáhara Occidental.
Así, la noticia de que empresas británicas hubieran comenzado serios intentos de ocupar el territorio cayó como un jarro de agua fría para la élite política y mediática española. Uno de los órganos de prensa que expresó el sentir de esa élite ante lo que ocurría al sur de Marruecos fue el diario El País. En febrero de 1897, éste publicó un artículo que no dejaba lugar a dudas acerca de la soberanía marroquí sobre el territorio codiciado tanto por españoles como por británicos: “Si este Syndicate llega a realizar sus proyectos, lo hará ignorando la soberanía del Sultán en el territorio del Sus, estableciendo la autonomía de los jefes y tribus frente a la hegemonía de un Estado reconocido por todas las Potencias; alterando el statu quo de Marruecos; modificando los límites de su territorio, y despreciando de manera arrogante nuestros derechos en virtud del Tratado de Tetuán”.
Vacuidad del relato español sobre el Sáhara
Este pasaje no sólo saca a la luz la hipocresía y la falta de rigor por parte de una institución como el diario El País, y evidencia que su posición sobre el conflicto está motivada por una agenda ideológica y política, sino también la vacuidad de todo el relato en el que los sucesivos gobiernos españoles han basado su argumentación de que, antes de su ocupación en 1884, el Sáhara nunca había pertenecido a la soberanía de Marruecos. De hecho, desde que España inició su embestida colonial contra el territorio marroquí del Sáhara en 1884, vino prevaliéndose de los mismos argumentos que Spilsbury: que el Sáhara era tierra de nadie (terra nullius) y que la legitimidad de su ocupación derivaba de acuerdos firmados con los jefes de tribus locales. Este fue también uno de los principales argumentos que España utilizó cuando Marruecos comenzó, a partir de 1957, a instar al gobierno español a entablar negociaciones para alcanzar un acuerdo político que permitiera el retorno del Sáhara a la soberanía marroquí.
Que el diario El País lamentara en 1897, trece años después de los supuestos tratados firmados con los jefes de tribus del Sáhara, que la expedición de Spilsbury pudiera dar al traste con la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y modificar los límites de su territorio constituye una prueba contundente que demuestra la falsedad del relato español, y, por extensión, occidental, sobre la supuesta ausencia de soberanía marroquí cuando España dio el primer paso hacia su ocupación a partir de octubre de 1884.
Como he demostrado en mi nuevo libro La Alianza infame: los entresijos de la conspiración hispano-argelina en torno al Sáhara marroquí (1965-1979), publicado la semana pasada, el mayor escollo que impidió que Marruecos zanjara este diferendo en los años sesenta y setenta del siglo pasado no fue jurídico, sino narrativo, relacionado con la manera en que la maquinaria mediática y académica española difundió de forma parcial un relato que deslegitimaba la posición marroquí y abogaba por el establecimiento de un Estado independiente al sur de Marruecos. Incluso cuando Marruecos forzó al gobierno español a firmar el Acuerdo de Madrid, suscrito bajo el amparo de las Resoluciones 377, 379 y 380 del Consejo de Seguridad, la maquinaria mediática y académica española desempeñó un papel clave en la propagación de un relato que puso en tela de juicio la legitimidad de dicho acuerdo, lo que preparó el terreno para que el régimen argelino reavivara el diferendo y lo prolongara hasta nuestros días.
Por si fuera poco, durante cinco décadas la élite mediática y académica marroquí pecó de una gran dosis de ingenuidad, al pensar que los argumentos históricos y jurídicos que sustentan la posición marroquí eran por sí solos suficientes y que no valía la pena estar en el frente de la construcción del relato, dejando así un vacío que fue colmado por una prensa española hostil a Marruecos y afín a Argelia.
No obstante, desde hace un par de años, parece que la élite política, académica y mediática marroquí ha tomado conciencia de la suma importancia de ocupar el terreno del relato y adoptar una estrategia proactiva con miras a contrarrestar y neutralizar la avalancha continua de falsedades y controversias propagadas por los adversarios de Marruecos. Lo cual no es una buena noticia para la cohorte de detractores de Marruecos, tanto en España como en otras partes, pues deben ser conscientes de que este terreno ya no les pertenece en exclusiva, como fue el caso durante décadas, y de que Marruecos ha despertado de su letargo mediático. La prensa española, incluido El País, debe tomar nota y ser consciente de que los marroquíes estarán atentos y responderán con prontitud, de manera factual y mesurada, ante cualquier intento de difundir una narrativa que socave los intereses de Marruecos o busque empañar su reputación.
**Samir Bennis es consejero diplomático con sede en Washington; es autor de varios libros sobre el Sáhara y las relaciones entre Marruecos y España. También es cofundador de la revista electrónica en inglés Morocco World News.
