Rue20 Español/Madrid
La política española atraviesa un nuevo episodio de bloqueo institucional, tras el rechazo en el Congreso del decreto del Gobierno destinado a revalorizar las pensiones en 2026, una medida social clave que ha quedado atrapada en la creciente confrontación entre los principales partidos.
El decreto, impulsado por el Ejecutivo socialista, contemplaba una subida general del 2,7 % de las pensiones, conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC), pero fue rechazado con los votos en contra del Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya. La votación refleja la profunda fragmentación del Parlamento y las dificultades del Gobierno para articular mayorías estables.
El principal motivo del rechazo fue la decisión del Ejecutivo de integrar la revalorización de las pensiones en un decreto ómnibus, que incluía otras medidas sociales, especialmente relacionadas con la protección frente a desahucios y la ocupación de viviendas. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, defendió su voto negativo alegando que el Gobierno obligó a los grupos a aceptar un “paquete cerrado” y exigió un texto exclusivo para las pensiones, desvinculado de políticas de vivienda.
Por su parte, Vox justificó su rechazo por su oposición frontal a cualquier normativa que, a su juicio, favorezca la ocupación ilegal de viviendas, mientras que Junts criticó al Ejecutivo por mezclar la subida de las pensiones con medidas ajenas y rechazó especialmente la moratoria de desahucios, pactada entre el Gobierno y EH Bildu.
Desde el PSOE, el Ejecutivo acusó a la oposición de bloquear una medida destinada a proteger el poder adquisitivo de los pensionistas y de anteponer intereses partidistas a una política social ampliamente respaldada en el plano teórico. El Gobierno ibérico defendió que el decreto formaba parte del denominado “escudo social”, un conjunto de medidas orientadas a proteger a los colectivos más vulnerables en un contexto de inflación.
El rechazo parlamentario tiene consecuencias inmediatas; queda en el aire la subida de las pensiones para 2026, así como otras medidas sociales vinculadas al decreto, como la limitación de cortes de suministros básicos, la prórroga del bono social eléctrico y las ayudas extraordinarias a familias vulnerables. Aunque el incremento ya se había aplicado de forma provisional en las nóminas de enero, podría revertirse si el Ejecutivo no aprueba un nuevo texto.
Este nuevo choque político, en general, recuerda a episodios similares en años anteriores y pone de relieve la tensión permanente entre el Gobierno y la oposición, así como el papel decisivo de partidos minoritarios en un Congreso altamente fragmentado.
