Rue20 Español/Rabat
Organizaciones saharauis denunciaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la ejecución extrajudicial de al menos 21 retenidos en los campamentos de Tinduf, Argelia, a manos del ejército argelino.
La denuncia se presentó durante el 59º período ordinario de sesiones del Consejo, en una reunión celebrada en la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra.
En el encuentro, Abdelwahab El Kaine, representante de la Alianza de ONG Saharauis, y Pedro Ignacio Altamirano, presidente de la Fundación Altamirano, se reunieron con el Coordinador Adjunto del Grupo del Norte de África en la División de Oriente Medio y Norte de África del ACNUDH. Entregaron una carta abierta, fechada el 12 de abril, que documenta las 21 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2014 y el 9 de abril de 2025.
Según El Kaine, las víctimas eran civiles desarmados que no opusieron resistencia ni provocación alguna. Alegó que estas acciones buscan controlar a los secuestrados, restringir su libertad de movimiento y reprimir cualquier disidencia contra el liderazgo del Frente Polisario o intento de abandonar los campamentos.
Altamirano, activista de derechos humanos y escritor español, expresó su preocupación por el programa «Vacaciones en Paz», financiado por asociaciones españolas y organizado por el Frente Polisario, que facilita el desplazamiento de menores saharauis. Advirtió sobre el riesgo de «desarraigo cultural, desintegración familiar e, incluso, lavado de cerebro y entrenamiento militar».
Representantes del ACNUDH agradecieron la información y destacaron la importancia de la cooperación continua con la Alianza de ONG Saharauis, reafirmando la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos para recibir información fidedigna sobre la situación en Tinduf y la región del Norte de África.
La reunión también abordó la participación de las organizaciones saharauis en los mecanismos de derechos humanos de la ONU, como el Examen Periódico Universal, los procedimientos especiales y la presentación de informes alternativos a los comités de tratados, lo que fortalece su presencia en los debates internacionales y las recomendaciones subsiguientes.
El documento presentado al ACNUDH argumenta que estas violaciones no son incidentes aislados, sino que reflejan una política represiva y punitiva del ejército argelino contra los retenidos en Tinduf.
Esta política incluye la «protección de los autores y la garantía de su impunidad, además de la falta de recursos para las familias de las víctimas», lo que constituye una violación de las obligaciones internacionales de Argelia en materia de protección de retenidos y respeto al derecho a la vida y la integridad física.
Las organizaciones saharauis instaron a la comunidad internacional a presionar a la justicia argelina para que investigue de forma transparente e imparcial las ejecuciones, identifique y juzgue a los responsables, y revoque la delegación de su jurisdicción judicial, legal y administrativa al Frente Polisario, que consideran contraria al derecho internacional humanitario.
Finalmente, pidieron el desmantelamiento de los campamentos de Tinduf en su configuración actual y su reemplazo por un modelo que garantice los derechos fundamentales de los retenidos, incluyendo la libertad de circulación dentro de su país de origen y el acceso a medios de vida dignos.
