Rue20 Español/Rabat
El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha anunciado la entrada en vigor del sistema de penas alternativas en agosto próximo, con la activación del brazalete electrónico como medida estrella. Un proyecto ambicioso que pretende aliviar la congestión de las cárceles, humanizar las penas y adaptar la justicia a las realidades sociales.
El brazalete electrónico se convertirá en una realidad en Marruecos a partir del mes de agosto de 2025. Así lo ha confirmado, en respuesta a una pregunta parlamentaria, Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia, al anunciar la próxima publicación de los textos reglamentarios necesarios para la aplicación de la ley sobre penas alternativas, adoptada en agosto pasado.
Destinada a aliviar la congestión de las cárceles y a humanizar la ejecución de las penas, esta reforma permitirá a las personas condenadas a penas leves cumplir su sanción en casa bajo vigilancia electrónica, según condiciones estrictas fijadas por la justicia.
Para poner en marcha este dispositivo innovador, se han creado tres comisiones especializadas: La primera se encarga de la aplicación judicial del sistema; la segunda trabaja en la redacción de los textos de aplicación; la tercera se ocupa de la elección de la empresa encargada de suministrar y gestionar las pulseras, en el marco de una delegación prevista por la ley. Varias empresas internacionales especializadas ya han sido escuchadas para presentar sus soluciones técnicas.
Paralelamente, el Ministerio prevé equipar salas específicas en los tribunales y los centros penitenciarios para la colocación y retirada de las pulseras. Estos espacios estarán supervisados por agentes formados para esta misión. Además, se está llevando a cabo un programa de formación para jueces, trabajadores sociales, abogados y personal penitenciario con el fin de garantizar una aplicación fluida y conforme a la ley.
Además del brazalete electrónico, el Ministerio está estudiando otras modalidades alternativas, entre ellas:
El trabajo de interés general, enmarcado en coordinación con los ministerios, las entidades locales y las ONG; medidas de restricción (profesionales, educativas o médicas), especialmente para los casos de dependencia o actividades de riesgo.
Para acompañar esta reforma, se está preparando una guía explicativa titulada «El derecho de las penas alternativas en explicaciones», así como un manual práctico para los magistrados y los operadores judiciales.
Lanzado oficialmente en Salé en octubre de 2024, este proyecto marca un giro estratégico. Se inscribe en una voluntad de modernizar la política penal, reducir la reincidencia y aliviar la presión sobre los centros penitenciarios, garantizando al mismo tiempo la reinserción de los condenados. Ahora queda por dar el último paso: publicar los textos definitivos, elegir al operador y desplegar la tecnología sobre el terreno. El reto es de envergadura, y la fecha límite de agosto constituye una prueba para todo el sistema judicial marroquí.
